La presunta malversación y administración fraudulenta de más de $ 26.000 millones, fueron los motivos por los que el fiscal Carlos Stornelli solicitó ante el juez Luis Rodríguez la indagatoria, el desafuero y detención del ex ministro Julio De Vido. Dichos fondos debían destinarse, desde el extinto ministerio de Planificación Federal, a la reconversión de la mina de Río Turbio en Santa Cruz en el período 2005 - 2015. El pedido de indagatorias y detención incluyen a otros 23 involucrados en la causa, entre ellos a Roberto Baratta mano derecha del ex funcionario K.
Irregularidades en el manejo de los fondos públicos, desapego a las leyes, procesos carentes de “razonabilidad y legalidad”, son sólo algunas de las premisas que resalta el dictamen del fiscal Stornelli que se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y una denuncia formulada por la actual gestión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a cargo de Omar Zeidán, acusando a Julio De Vido por malversación de fondos por $ 26.000 millones.
"Se acabó la impunidad" sentenció ayer el presidente Mauricio Macri al conocer la noticia, mientras De Vido reiteró que todo se trataba de una "campaña y persecución" del Gobierno en su contra. La Justicia sostuvo que ante "la gravedad de los hechos", se debía pedir su detención.
Es una de las causas más complejas que afronta el ex ministro. Se lo acusa de defraudación al Estado y malversación de fondos. Durante el kirchnerismo la partida presupuestaria de la mina de Río Turbio, que dependía directamente de De Vido, fue de $ 26.000 millones: sólo los últimos años la minera santacruceña recibió $ 10.000 millones.
Los fondos debían ir a la modernización de YCRT (empresa intervenida desde 2002), para garantizar la generación de carbón y abastecer a la central térmica impulsada por Cristina Kirchner y que nunca funcionó. La actual gestión señaló que recibió una mina “en total abandono” cuyos fondos “se habría destinado a fines desconocidos y no previstos por la ley”. En la maniobra investigada se incluyen convenios del ex ministerio con la UTN y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC) e YCRT.
Con los $ 26.000 millones se debían construir -entre 2011 y 2015-, 37.975 metros de túneles y sólo se realizaron 11.244 metros; un 70% menos de lo planificado. La producción de carbón debía ser de 5.706.776 toneladas y sólo se extrajeron 841.990 toneladas, “un 85% menos de lo establecido”. Para 2015 la mina producía los mismo que en 1953.
El informe oficial que usó Stornelli, señala que además, la planta de personal mientras menos se producía, se incrementó un 233%. “YCRT tuvo esos años una importante inyección de transferencias presupuestarias de $ 16.048.404.69", consignó el fiscal que sospecha de "una maniobra de malversación".
