El gobierno de Alberto Fernández modificó las reglas del funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tal y como lo había previsto en el discurso inaugural de las sesiones legislativas el pasado 1 de marzo. Según la ley, oficializada en el Boletín Oficial, “ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 52/19 2 dispone, además, que ningún organismo podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
El artículo 3 indica que no podrá “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”. El 4° artículo establece que tampoco podrá “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.
“Apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional. Tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia”. El presidente @alferdez durante la apertura de sesiones ordinarias. #AsambleaLegislativa2020 pic.twitter.com/uHZCmGTV8v
— Casa Rosada (@CasaRosada) March 1, 2020
Según el decreto, corresponde "limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia".
"Dicha inadecuada intromisión ha afectado en múltiples casos la necesaria independencia judicial, actuando como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia", afirma. En su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, Fernández había adelantado que emitiría “un decreto de necesidad y urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a organismo de inteligencia y a sus miembros realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”.
El CELS destacó la iniciativa
👁🗨Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia elaboramos este breve documento en el que explicamos la importancia de esta prohibición:https://t.co/UzdJfPX4QS#ICCSI
— CELS (@CELS_Argentina) March 5, 2020
