El Gobierno nacional quiere apurar la reforma en las jubilaciones de privilegio y por eso, intentará apurar su tratamiento en la Cámara de Diputados. De acuerdo al calendario que maneja hoy la administración de Alberto Ángel Fernández, todo se resolvería la semana próxima, con un ajustado esquema para que los diputados y diputadas puedan contar con pasajes para volver a sus provincias, en una semana de feriados. La Cámara -que preside Sergio Tomás Massa- ya hizo reserva de vuelos de la cantidad que cada provincia pueda necesitar, algo que este miércoles hablarán los presidentes de los distintos bloques partidarios. Además, restaba que Juntos por el Cambio (la alianza del PRO más UCR y Carrió), informen quiénes serán sus mujeres y hombres en la Comisión de Previsión.
Así, la idea que manejan en la Cámara de Diputados -por donde entró el proyecto del Poder Ejecutivo- es que el día miércoles 26, se trate en comisión. Por allí, pasarían el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y también Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, uno de los alfiles de Alberto para esta reforma de las jubilaciones, junto a la titular de Trabajo, la abogada Marcela Losardo, además del ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Lidia Ibarra. También allí están invitados a dar su opinión las asociaciones o nucleamientos de magistrados, fiscales y gremios, donde Julio Piumato será número puesto desde su gremio, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.
De este modo, la intención oficial es que el jueves 27 sea la sesión, la que podría estar en duda por un solo hecho: los feriados de carnaval, que haga que muchos no quieran volar a Buenos Aires para una sesión. El Gobierno -y las espadas parlamentarias como Sergio Massa y Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos- quiere avanzar ya con el cambio en las jubilaciones de privilegio de miembros del Poder Judicial y de la política. Alberto Fernández bajó la orden de no realizar cambios y de avanzar, sin ceder a los pedidos de las asociaciones como la Asociación de Magistrados o la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, fuertes críticos de la reforma.
En este debate, circulaba -tanto en oficialismo como en oposición-, una idea de que se otorgue un plazo dos meses a los jueces que se quieran jubilar con el actual sistema, y no quedar así a merced del método por venir que determina que los aportes adicionales pasarán del 11% al 18%, o sea, un 7% más. Y que ya no se jubilarán con el 82% móvil sino con el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, esto es, de los últimos diez años. La posibilidad de dar ese plazo permitiría que algunos magistrados (disconformes con los cambios en su status) pidan la jubilación, lo que suena además como amenaza de un “vaciamiento” y poner en crisis a muchos juzgados. Pero en el Gobierno ya saben que ya comenzaron varios miembros del Poder Judicial a pedir la jubilación y retirarse con el actual régimen del 82% móvil.
