El Gobierno adoptará una posición política prescindente ante la exigencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que reclamó la inmediata devolución de un avión de la empresa Emtrasur que transportó a cuatro tripulantes iraníes y tres venezolanos que fueron imputados de terrorismo internacional por la fiscal federal Cecilia Incardona.
“Pretenden robarnos la aeronave por mandato de un tribunal de Florida. Pretenden robarnos el avión como nos robaron el oro en Londres, como nos robaron Citgo”, opinó Maduro durante un discurso transmitido por cadena nacional.
El líder populista ejecutó un reclamo político que ignora la división de poderes de la Argentina y desconoce la información básica que contiene la causa tramitada en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
La Casa Rosada no tiene ningún recurso procesal para satisfacer las exigencias de Maduro, y tampoco hará un sólo gesto político para facilitar la entrega del Boeing 747-300 que está retenido en Ezeiza desde principios de junio.
“Respetamos la división de poderes y somos prescindentes ante la posición de Venezuela. No vamos a hacer nada. Que Maduro se presente en la justicia federal y que ejerza sus derechos constitucionales. Es un tema judicial que excede al Gobierno”, explicó un integrante del Gabinete.
Al margen de su profundo desconocimiento de la división de poder, Maduro parece ignorar la información que contiene la causa que investiga la justicia federal de Lomas de Zamora. El avión fue retenido por decisión del juez Federico Villena y semanas después una Corte del Distrito de Columbia exigió que el Boeing 747-300 sea confiscado por violar normas vigentes en Estados Unidos.
El dictador de Venezuela, en su discurso de ayer, hizo referencia a un tribunal de la Florida y consideró que el avión de Emtrasur había sido robado en la Argentina. Maduro se equivocó dos veces: la Corte del Distrito de Columbia solicitó que se incaute la nave retenida en Ezeiza y el juez Federico Villena no se apropio ilegalmente del Boeing 747-300, sólo está cumpliendo con todas las normas del proceso penal.
EL FBI aseguró que la nave de Emtrasur tiene un pasado vinculado a actos terroristas organizados por Irán y ejecutados por su brazo armado Hezbollah. Además, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos colocó en una lista negra a ese avión, que no tiene sus papeles en regla.
Maduro exhibe profundas relaciones geopolíticas, comerciales y financieras con Teherán, y la nave retenida en Ezeiza es un reflejo de esos vínculos opacos entre Caracas e Irán. Antes de integrar la flota de Emtrasur, ese avión voló muchas veces a Rusia y Siria y prestó soporte logístico a la organización terrorista Hezbollah, que opera en el Valle de Bekaa (Líbano).
En este contexto, el juez Villena mantuvo la prohibición de salida del país de los iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vaki Zadeh, y de los venezolanos Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez y José García Contreras.
Como sucedió con Maduro por cadena nacional, el abogado argentino de la tripulación imputada por terrorismo también exigió que se permita regresar la nave a Caracas. Villena rechazó ese planteo y ahora tiene en consideración el exhorto que el Departamento de Justicia remitió por pedido de la Corte del Distrito de Columbia.
La jugada procesal del abogado defensor fue avalada por Stella Lugo, embajadora de Venezuela en Argentina. Lugo fue asesorada en las sombras por Oscar Laborde, que es el actual embajador de la Argentina en Caracas.
Laborde tiene excelente relación política con Maduro, y desde Buenos Aires ya le advirtieron que Balcarce 50 no hará nada para satisfacer las exigencias del dictador de Venezuela. Fue un mensaje a tiempo: el embajador formado en Moscú había empezado a operar para canalizar los reclamos de Maduro.
