La inflación permanecerá muy alta durante todo el primer semestre, más allá de los intentos del Gobierno por controlar las remarcaciones con distintos mecanismos: ni los precios cuidados en las las góndolas de supermercados, tampoco los siete cortes de carne a valores más accesibles o el diseño de una canasta especial para comercios de cercanía consiguieron los resultados esperados.
Se trata de iniciativas del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que intenta encontrar justificaciones sin acertar en ninguna.
La inflación no bajaría del 3,5% mensual durante toda la primera parte del año, de acuerdo a la expectativa de economistas y consultoras. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, los peores meses serán marzo y abril, en los que se espera un pico de 4,1% y 4% respectivamente. Recién en julio el índice podría descender hasta 3,5%. Pero en todos los casos los riesgos son más al alza que a la baja.
La inflación esperada se ubica en el 55% para el año. Aparecen, sin embargo, cada vez más economistas advirtiendo que en realidad el piso para el 2022 supera el 60%. Victor Becker, ex titular del INDEC y actualmente en la Universidad de Belgrano, vaticinó que podría ubicarse en niveles del 60% al 65%. A principios del año pasado fue junto a Domingo Cavallo uno de los pocos que vaticinó que la inflación se ubicaría en el 50%. Finalmente fue 50,9%.
Por qué la inflación de este año será superior, y tal vez muy superior, a la del año pasado. La explicación hay que buscarla en los grandes desequilibrios fiscales y la necesidad de achicar el agujero fiscal. A falta de otras medidas, termina siendo la inflación creciente la que permite un aumento de la recaudación y tapar el bache de las cuentas públicas. Ésta es la lógica de los últimos veinte años y no cambiará en el corto plazo.
Se suman varios elementos que también presionarán sobre los precios. Por ejemplo, el aumento de la nafta del 9%, la próxima suba en las tarifas de servicios públicos y la aceleración en la pauta de ajuste del dólar oficial, que ya se acerca al 3% mensual, cuando venía siendo de 1% hasta las elecciones de noviembre pasado.
El acuerdo que el Gobierno negocia con el FMI incluye como uno de los puntos centrales la reducción gradual de la inflación. Para ello dispone una reducción sustancial de la emisión monetaria, que debe caer del 3,7% a sólo 1% este año y a 0,6% en 2023. Pero no sería suficiente para conseguir resultados de corto plazo.
Además, la baja de la inflación debería ir acompañada de medidas de austeridad para bajar el gasto público. La principal pasa por la reducción de los subsidios energéticos y al transporte, que ya volvieron a representar casi 3% del PBI, luego de dos años de virtual congelamiento, en un contexto de inflación creciente y fuerte suba en los precios de la energía.
En este escenario, proyectar una aceleración inflacionaria del orden del 60% implica al mismo tiempo una licuación de los gastos principales del Estado, como las jubilaciones y los sueldos del sector público. Se trata de partidas que van quedando atrasadas porque ajustan según la inflación pasada.
Este círculo vicioso es sumamente riesgoso, pero los distintos gobiernos consiguieron mantenerlo para sacar provecho desde el punto de vista de la recaudación, a costa de un aumento de la pobreza y de una clase media que continúa perdiendo espacio en la pirámide social.
