Una de las consecuencias que trajo la crisis sanitaria y las medidas de aislamiento social preventivo que decretaron el Gobierno nacional en general, y las provincias en particular, fue el establecimiento de aforos en los lugares de trabajo, de modo de reducir la densidad demográfica habitual en las oficinas, y también la limitación del uso de los medios públicos de pasajeros a los ocupados en actividades declaradas esenciales.
Como resultado de la primera medida, el Indec detectó a través de la Encuesta Permanente de Hogares que los “ocupados con trabajo desde la vivienda” pasó de un incipiente 6,1% del total (unos 1,2 millones de personas) al cabo del primer trimestre de 2020 cuando la pandemia y el ASPO afectó a 12 días de marzo, a 17,1% un años después, representativo de unos 3,3 millones de personas.
La restricción al uso del transporte público, junto a casos de aislamiento por estar alcanzado o cercano a eventos de covid-19, determinaron que los “ocupados ausentes” se mantuvieran en una proporción elevada: 10,4% en marzo 2020 y 9,4% un año después
Mientras que la restricción al uso del transporte público, junto a casos de aislamiento por estar alcanzado o cercano a eventos de covid-19, determinaron que los “ocupados ausentes” se mantuvieran en una proporción elevada: 10,4% de los trabajadores en marzo 2020 (2 millones de personas) y 9,4% un año después (1,8 millones).
De ahí surge que la tasa de presencialidad de los trabajadores en sus puestos de trabajo, considerando que dichas proporciones contemplan no sólo al universo asalariado, en blanco y negro, sino también a los cuentapropistas y ocupados en casas particulares, se redujo en el primer año pleno en crisis sanitaria del 83,5% a 73,5% del total. Esto es más de 1 de cada 4 ocupados no asistió a su lugar habitual de empleo.
Costos de adaptación
Como consecuencia del cambio de la modalidad del trabajo: parte presencial y parte remoto, tanto empleadores, como trabajadores debieron incurrir en gastos adicionales a los que tenían hasta antes de la irrupción de la pandemia de covid.
En el caso de las empresas y patrones debieron cumplir con aforos impuestos por la jurisdicción de la que dependen, aislamiento del personal que concurre al puesto habitual, y costos mantenimiento del lugar más intenso en términos de limpieza, ventilación y sanitización. Mientras que en el caso de los trabajadores muchos debieron adaptar espacios específicos en sus hogares, con divisiones y mejora del equipamiento para poder cumplir con sus tareas.
Según el Indec, en el caso de los asalariados registrados que utilizaron sus propias maquinarias y equipos para realizar las tareas pasó de 2,6% en marzo 2020, unos 239 mil trabajadores, a 11,5% de ese universo un año después, se elevó a poco más de un millón de empleados.
Otros movimientos en el mercado de trabajo
La última Encuesta Permanente de Hogares del Indec en 31 aglomerados urbanos de todo el país registró una leve baja de la tasa de desempleo a 10,2%, por efecto de que la oferta de trabajadores se redujo más que el empleo total, surgió que fue el sector marginal el más afectado por las limitaciones a trabajar con las restricciones derivadas de la crisis sanitaria.
Al punto de que de un universo de 7,4 millones que había en esa condición a fines de 2019, previo a la irrupción del covid-19, había caído a menos de 3,5 millones al cierre del primer semestre 2020, y desde entonces comenzó a recuperarse, en muchos casos con el riesgo de multas municipales, provinciales y hasta nacionales por violación de las normas de aislamiento social preventivo. De todas formas, aun resta recuperar 230 mil puestos.
En el caso de los trabajadores registrados, el nivel anotado al cabo del primer trimestre 2021 se ubicaba 360 mil por debajo del máximo que había alcanzado en el primer trimestre de 2018, último período no afectado por la recesión posterior, totalizó unas 12,1 millones de personas, según el relevamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino.
El cruce de los datos de la EPH con las correspondientes a la serie del Ministerio de Trabajo en base al SIPA, determinó que de la pérdida de poco más de 100 mil puestos de trabajo en los últimos 12 meses, 52.000 correspondieron a la franja formal y 48.600 a los ocupados en negro (sin aportes al régimen jubilatorio).
Por otra parte, en plena crisis sanitaria el empleo en el sector público continuó expandiéndose, pasó de 17,5% a 19,1% del total, a costa del sector privado que retrocedió de 80,9% a 79,7%, mientras que los ocupados sin fines de lucro cayeron de 1,6% a 1,2 por ciento.
De ahí que el informe del Indec concluye: “Consecuentemente, la presión sobre mercado laboral, compuesta por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 32,4% de la PEA en el primer trimestre del año”, se trata de más de 6,8 millones de personas si se estrapolara al total país el resultado del relevamiento en 31 aglomerados urbanos.
