Ya comenzaron a darse los primeros pasos en la Justicia para reclamar contra la sanción de la ley que cambia los parámetros de movilidad jubilatoria.
El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, junto con un grupo de presidentes de centros de jubilados, presentó el primer amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de Reforma Previsional aprobada por el Congreso a principios de esta semana.
El jefe comunal solicitó que se dicte una medida de no innovar para que el Estado nacional liquide los haberes jubilatorios conforme a la ley aún vigente.
Dicha presentación ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N. 1 de San Martín fue realizada antes de que se oficialice la norma en el Boletín Oficial, por lo que es probable que sea rechazada. También preparan escritos para cuestionar la ley, distintos dirigentes de la oposición, organizaciones sociales y de jubilados, pero ello no ocurrirá antes de la publicación.
En ese sentido, el miércoles se sumaron al menos otros dos presentados por abogados que buscan frenar la reforma, ambos argumentados con datos del CEPA en sus estimaciones sobre pérdida de poder adquisitivo jubilatorio.
Para evitar un colapso en los tribunales por la cantidad de demandas que puedan llevar a presentarse, el juez federal subrogante Fernando Strasser admitió un pedido de la ANSES para que se absorban en una sola causa todas las presentaciones colectivas que se iniciaron y que van a presentarse en el futuro contra esa ley de reforma previsional.
Dicha resolución se llevó a cabo en el marco del caso que iniciaron los referentes de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) donde requirieron por la vía del amparo y a modo cautelar que se suspenda la sesión de diputados que se llevó a cabo el lunes y que el juez rechazó.
Otra de las cautelares la impulsa Miguel Ángel Fernández Pastor (Abogado previsional, jubilado, ex gerente de ANSES), quien dialogó con Ana Vainman en #FinalAbierto RADIO LED, quien apunto contra el juez que debe expedirse sobre las presentaciones: "El juez Strasser es el Bonadio de la Seguridad Social, le va a hacer los deberes al Gobierno". Además dijo que "la ley es retroactiva; es inconstitucional. Viola derechos adquiridos y discrimina entre jubilados de primera y segunda", y agregó: "El bono es un absurdo, representa el 0,57% de suba para un haber de $10mil".
El Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) sumó un nuevo amparo y denunció que la ley aprobada por el Congreso "genera daños de carácter irreparable y pone en riesgo la integridad psicofísica y la vida del colectivo de excombatientes", que involucra a 17 mil pensionados y afecta a un universo de 43 mil personas entre titulares y familiares, según señalaron.
Por último, el titular del área de Tercera Edad de la Defensoría porteña, Eugenio Semino, quien también cuestionará la ley una vez que se oficialice, sostuvo que la norma que modificará el índice de actualización de los haberes jubilatorios “es inconstitucional porque contradice las convenciones (firmadas por Argentina)” en defensa de los “derechos humanos, civiles, políticos y sociales”, dado que “hay una merma en los derechos”.
