Fue el sueño de Néstor Kirchner. Y el de Cristina Fernández, que impulsó ese deseo de supremacía en actos y discursos públicos. Está a punto de lograrlo Alberto Fernández. Casi sin hablar del tema. El nuevo Gobierno, asumido el 10 de diciembre pasado, y apenas pasada una feria judicial, está consiguiendo una reforma del Poder Judicial única en su tipo desde el retorno de la democracia en 1983. El Presidente podrá nombrar cientos de jueces y fiscales para ocupar cargos que quedarían vacantes en todos los fueros. Y en todas las instancias: juzgados de instrucción, Cámaras de Apelaciones y de Casación, y hasta en tribunales orales.
Desde que la Casa Rosada anunció la reforma del régimen especial de jubilaciones de los empleados del Poder Judicial, se oficializaron varias decenas de renuncias de magistrados y fiscales. Son mujeres y hombres que prefieren preservar lo que cobrarán de jubilación de acuerdo al sistema previsional al que aportaron durante décadas antes que resignar lo que les abonarían si no se van de sus cargos antes de que se impongan las nuevas reglas. Todos ellos ya habían iniciado los trámites de jubilación, pero buena parte aun no cumplió los 75 años, por lo que podrían continuar años trabajando.
Las modificaciones al plan previsional de la Justicia equilibrarán para abajo las jubilaciones del Poder Judicial. El Gobierno incluyó el proyecto de ley sobre este tema y se tratará en la Cámara de Diputados el jueves que viene. Según datos de la Asociación de Fiscales y de la de Magistrados, hasta el jueves pasado habían presentado su renuncia a sus cargos dieciséis fiscales y veinticuatro jueces. Las mismas fuentes de tribunales admiten que la cifra aumentó. En el Consejo de la Magistratura, el organismo que regula el trabajo de los jueces, el cálculo máximo que hacen sus autoridades jurídicas y políticas indica que dimitirán alrededor de ciento cincuenta jueces. El éxodo en la Justicia empezó.
¿Fue un objetivo buscado adrede buscado por el Gobierno? Fuentes del oficialismo juran que no, pero en off the record admiten que las renuncias masivas en la Justicia ayudarán a rediseñar "una corporación del poder permanente". En el Poder Judicial, a través de sus diferentes asociaciones, se quejan de que la Casa Rosada aproveche la movida para achicar el Presupuesto Nacional. Para un sistema previsional quebrado (como los de muchos países del mundo) que los jubilados judiciales cobren, en promedio, 550.000 pesos, suena abultado.
Incluso, en el oficialismo, detectaron la jubilación más alta que cobra un ex funcionario de la Justicia. Es de 771.000 pesos mensuales. Es equivalente a 55 veces la jubilación mínima de otros ex trabajadores que aportaron al plan previsional "normal". Según el oficialismo, en el sistema previsional hay inscriptos 17.600 magistrados y funcionarios con un aporte promedio mensual de aportes de $ 32.600. Entre los jubilados judiciales, 7.000 tienen un haber medio de $ 289.000. Los "gastos" del Estado para mantener a los jubilados de los tribunales equivalen a 9.200 millones de pesos para el 2020. En el Gobierno creen que al exponer esos números la mayoría de la opinión pública considerará que el cambio en el sistema previsional de los empleados judiciales será una medida positiva.
En el Poder Judicial aceptan que las jubilaciones que cobran sus ex miembros son altas, pero se defienden argumentando que cada empleado hace aportes mensuales que superan por mucho a la media de cualquier otro trabajador registrado por el Estado. A eso le suman un argumento político-jurídico: importantes jueces, fiscales y camaristas aseguran que la verdadera intención del Gobierno es provocar una catarata de renuncias para "copar" la Justicia. El gremio de los judiciales, de Julio Piumato, presentó un proyecto alternativo al del oficialismo. Y convocó a un paro para el jueves 27.
Debido a las renuncias de jueces ya confirmadas, muchos tribunales orales, por ejemplo, ya quedaron acéfalos. Eso provoca la suspensión de los juicios que llevaban adelante. Es lo que pasa, por ejemplo, con el Tribunal Oral Federal N 6. Dimitieron Julio Panelo y José Martínez Sobrino, tal como publicó La Nación. Dos beneficiados por esta situación son los ex funcionarios K Julio De Vido y Ricardo Jaime, principales acusados en un juicio de corrupción de gran magnitud que era tramitado en ese tribunal. Hasta ahora.
Clarín pudo saber que esta semana se oficializarán las renuncias de cuatro magistrados que integran el máximo tribunal, la Cámara de Casación Penal. Y a ellos se sumarán otros diez magistrados que integran tribunales orales federales. De confirmarse esa información, filtrada a este diario por fuentes involucradas en modo directo en esta historia, podrían suspenderse muchos otros juicios por corrupción. Las renuncias podrían generar vacantes en los tribunales orales del fuero ordinario. "No entienden nada: casos de violación o de robos van a quedar en la nada, con acusados quizás culpables en libertad", se quejó ante Clarín uno de los hombres con mayor trayectoria en los tribunales federales.
Otro fiscal federal, que investiga casos de corrupción que inquietan al Gobierno pidió hablar desde el anonimato para explayarse de modo brutal: "Te discuten que no están cambiando las jubilaciones para provocar una reforma de la Justicia forzada", fustigó. Entre los hombres de la Justicia más reputados que anunciaron que presentarán la renuncia está, por caso, el fiscal de la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé. Hace 27 años que ocupa ese cargo, durante una década fue además fiscal anti lavado, juez en lo penal económico y fiscal del mismo fuero, entre otros cargos. Pleé le dijo a su entorno que aportó durante 47 años para tener una jubilación que le permitía la ley.
El proyecto de Ley se empezará a analizar el miércoles en el Congreso. Miembros de la Justicia expondrían los problemas que les generará al funcionamiento de los tribunales y apuntarían a una cuestión clave en medio de las negociaciones con el FMI: ¿Cómo puede sostener la seguridad jurídica un país que vacía sus tribunales? El Gobierno debe presentar además su plan formal de reforma judicial. Y terminar de implementar el nuevo Código Procesal Penal, ideado por el camarista Mariano Borinsky. ¿Y la Corte Suprema se expedirá? En el Gobierno ya empiezan a analizar la idea de ampliar a de 5 a 7 a los integrantes del máximo tribunal.
