El gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cerraron este martes en Casa Rosada el traspaso de las competencias de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en territorio porteño, tal como había anticipado Infobae. El pase de manos se formalizó con la firma de un Acta Acuerdo que rubricaron el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. La quita de subvenciones en territorio porteño y bonaerense implican para Nación un ahorro de $15.000 millones mensuales a partir de septiembre.
El convenio incluye que desde este mes la administración de CABA se hará cargo del control, la administración, las frecuencias, recorridos, subsidios y tarifas de las empresas en sus distritos pero contempla un período de transición de 30 días. Eso implica que “por ahora” no habrá aumento en el boleto y se mantendrá el descuento de la Red SUBE para quienes realicen más de un viaje en esa jurisdicción.
Nación y Ciudad coincidieron en que será un esfuerzo extraordinario que deberá afrontar el gobierno porteño, que ahora deberá subsidiar casi dos terceras partes del “precio real” del pasaje. “Y es extraordinario porque no es sostenible un subsidio del 66% de la tarifa de manera permanente para la Ciudad. Por otro lado, será necesario postergar inversiones y otros gastos”, consignó un comunicado emitido en conjunto por ambas jurisdicciones.
Es de esperar que próximamente se aplique un nuevo aumento en el boleto de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En los próximos días la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, publicará la nueva estructura de costos del sistema en donde deberá reconocer tarifas más altas o mayores subsidios.
En el marco del proceso de ajuste fiscal, desde que asumió Milei el pasaje de colectivos aumentó 600% en el AMBA. Ese salto está muy por encima del ritmo de la inflación y de los ingresos. El gobierno, en paralelo, tiene pendiente un incremento del 32,5%, por la fórmula de actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, y analiza cuál es el mejor timing para aplicarlo.
El acuerdo que firmaron hoy Milei y Macri permite avanzar en un ordenamiento del sistema de transporte que estaba pendiente desde 2012 cuando Nación le traspasó a CABA el control de subtes y el premetro, pero había quedado pendiente hacer lo mismo con las 31 líneas de colectivos en cuestión: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
“Además de establecer a la Ciudad como la encargada de los costos de los subsidios de las líneas y de la gestión de todo lo que a las mismas respecta, el acuerdo detalla que Nación y CABA trabajarán coordinadamente en una transición ordenada de al menos 30 días para que la jurisdicción que recibe las líneas tenga acompañamiento respecto a cuestiones técnicas y administrativas, en pos de que los ciudadanos porteños tengan un servicio eficiente”, aclaró el comunicado.
En el gobierno nacional destacaron que, con este acuerdo, dieron completado el ordenamiento de subvenciones y competencias, en el marco de la búsqueda por “igualar” el trato que reciben las provincias, donde no brindan asistencia, con los transportes de Ciudad y provincia de Buenos Aires. La quita de subsidios a CABA, en tarifa y boleto integrado, y el retiro a las transferencias para financiar la Red Sube en territorio bonaerense implican para Nación un ahorro de $15.000 millones mensuales.
En el caso de Buenos Aires, la provincia ya se había cargo de financiar el 100% de las compensaciones a las líneas de su jurisdicción para sostener el precio de los pasajes pero no de los descuentos por el boleto integrado. El gobierno de Milei eliminó las transferencias desde este domingo y el gobernador Axel Kicillof anticipó que reclamará ante la Corte Suprema.
En el interior, el boleto de colectivos se encuentra solo subsidiado por los gobiernos provinciales, ya que Nación eliminó el Fondo Compensador del Interior (FCI) por el cual se compensaba a esos pasajeros. Ese fideicomiso tuvo en 2023 un presupuesto de $102.000 millones que fueron cortados en febrero, cuando solo se habían transferido unos $17.000 millones.
El Estado Nacional seguirá asumiendo los costos de las compensaciones en subsidios ya que son servicios que se encuentran bajo su jurisdicción y también el programa Red SUBE. Se trata de 103 líneas del AMBA y 10 líneas en el interior del país pero que todas son de Jurisdicción Nacional, por lo tanto seguirán siendo administradas por el Gobierno Nacional.
Entonces, los 113 servicios de jurisdicción nacional de todo el país quedarán compuestos por las siguientes líneas del AMBA: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.
Asimismo, la Tarifa Social se seguirá solventando por parte del Estado Nacional en todas las jurisdicciones del país, al representar una herramienta central que permite el descuento del 55 por ciento en el valor de la tarifa a los sectores más vulnerables y que, precisamente, logra que el subsidio vaya dirigido directamente a la demanda (el usuario) y no a la oferta. Esto impacta positivamente en 5.3 millones de beneficiarios, a través de una asistencia económica del Estado Nacional de 25 mil millones de pesos por mes.
