Representantes del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron este jueves en Casa Rosada para dialogar sobre los fondos correspondientes al traspaso de la seguridad a la órbita porteña y acordaron un "cronograma de trabajo semanal" para avanzar en el tema.
El encuentro se desarrolló en oficinas del ministerio del Interior y es el primero luego de la audiencia celebrada la semana pasada en el ámbito de la Corte Suprema, tribunal que llamó a las partes encontrar una solución al diferendo a través del diálogo y fijó un plazo de 30 días para que ambas partes arriben a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión de Mauricio Macri.
"La reunión es un avance en sí y se fijó un cronograma de trabajo semanal. Creemos que hay una voluntad de negociar de ambas partes", señaló una fuente de la Casa Rosada. El máximo tribunal había dispuesto la semana pasada que las partes deben elevar informes semanales sobre la marcha de las conversaciones al secretario de Juicios Originarios, Alejandro Rodríguez.
Los equipos técnicos del Gobierno nacional que llevan adelante el diálogo sostienen "no tener dudas" sobre la posición jurídica que llevan adelante y afirman que la voluntad es "cumplir con lo que dice la ley".
En tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, dijo a Télam que la reunión se desarrolló cordialmente "para cumplir con lo ordenado" por la Justicia. La semana pasada, las partes se habían visto las caras en la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por los fondos.
El origen del conflicto
El origen del diferendo se inició en 2016 cuando el expresidente Macri anunció, a través de dos decretos, el aumento de Fondos para la Ciudad con argumento de la transferencia de la competencia de Seguridad.
En septiembre de 2019, el presidente Alberto Fernández anunció el redireccionamiento de esos fondos hacia la provincia de Buenos Aires.
Hacia el fin de ese año, el Congreso sancionó la ley 27.606 que ordenó que los montos a transferirse por la delegación de funciones hacia la Ciudad debían definirse de manera acordada entre las partes y que ese dinero no se deriva de la coparticipación sino de partidas especiales.
Desde la Casa Rosada sostienen que, para la negociación, tienen "un número sólidamente construido" pero entienden que el diálogo debe ser económico y que, en tanto, puede cambiar.
"Si yo digo 20 y vos decís 100, lo lógico es que de una negociación salga algo distinto a un 20 y a un 100. El problema es que la Ciudad no trae su número por el servicio de seguridad, sino que pide que le devuelvan un punto de coparticipación", comentaron las fuentes nacionales.
Ese punto es de discusión jurídica, donde se traban las leyes que ordenan la coparticipación federal que habían consolidado fondos para la Ciudad a principios de los 2000 y que, desde el punto de vista del Gobierno nacional, que los decretos de Macri "no tienen ningún fundamento técnico". "Esos decretos del macrismo justamente violentan la coparticipación", habían dicho anteriormente desde Balcarce 50 antes de la reunión en la Corte.
