La ex funcionaria del gobierno de Cambienos Susana Martinengo y los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detenidos ayer comenzarán desde hoy y hasta el lunes a ser indagados por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena en la causa en la que se investiga un presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos, sindicales, jueces y empresario, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hasta ahora, solo están presos 17 de los 22 imputados.
La justicia aún no pudo localizar a cinco de los buscados y técnicamente aún no están prófugos, indicaron a Infobae las fuentes consultadas. Las indagatorias comenzarán hoy a las 9:30 de la mañana. Los primeros interrogados serán nueve ex agentes de inteligencia. Para iniciar las declaraciones, el magistrado le hizo un pedido a la titular de la AFI, Cristina Caamaño: que los ex espías sean relevados de su obligación de guardar secreto por el cargo que tenían. Caamaño ya contestó la mitad con el relevo y esta mañana hará lo propio con los restantes.
La acusación que pesa sobre los detenidos es la de haber cometido los delitos de espionaje y asociación ilícita integrada por miembros de distintas agencias de seguridad -la AFI, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal- que junto a abogados y funcionarios de otros poderes del Estado, llevaron adelante tareas que violan la ley de inteligencia. En las indagatorias se les mostrará la prueba en su contra, entre ellos los seguimientos, grabaciones, filmaciones y dossiers contra las víctimas, muchos de los cuáles no se conoce y se mantienen en legajos reservados. Los imputados tienen el derecho de declarar o negarse a hacerlo.
El juez Villena dispuso ayer a la mañana 22 detenciones. Fueron las de Martinengo, el ex director de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz -ya preso en otra causa de espionaje-, el ex director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, los ex agentes Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, los hermanos Emiliano y Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, María Belén Sáez (hija del “Turco”), Jorge Ochoa, Jonathan Nievas, Javier Bustos, Mariano Ignacio Flores y Martín Terra, el penitenciario Andrés Rodríguez, el ex integrante de la Policía Federal Gustavo Ciccarelli, el subcomisario de la Policía de la Ciudad pasado a disponibilidad Juan Carlos Rodríguez y Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad.
Cinco de ellos están todavía están siendo buscados. Son Julián Matta, Terra, Nievas, Bustos y Lasaigues. Ninguno fue encontrado por la Policía Federal ni se presentaron en el juzgado, como hicieron otros acusados. Sobre Bustos, Nievas y Terra la justicia no tenía sus domicilios y ordenó tareas de investigación durante tres días para saber donde residen. Terra es el ex esposo de Analía Maiorana, actual pareja del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, una de las víctimas del espionaje y reconoció públicamente que entró a la AFI por ser amigo de Gustavo Arribas, el ex director del organismo durante los cuatro años del gobierno de Macri.
El resto están presos. María Belén Sáez bajo prisión domiciliaria porque tiene un bebe de meses. El juez dispuso que nueve de ellos sean indagados mañana desde las 9:30. El jueves será el turno de otros siete, entre ellos Martinengo y Dalmau Pereyra y para el próximo lunes se fijó la indagatoria de Ruiz. El juez le pidió a la Policía Federal que los traslados de los detenidos al juzgado sean con el “estricto cumplimiento de todos los protocolos sanitarios” por la pandemia del coronavirus. “Súper Mario Bross” y “Argentina” era el nombre de los grupos de whatsapp donde 18 de los acusados compartían el espionaje que hacían. La justicia lo supo al allanar los domicilios los ex agentes y secuestrar sus teléfonos celulares. La causa se inició por la declaración del narcotraficante Sergio “Verduda” Rodríguez que declaró que el ex agente Melo le ofreció hacer trabajos para la a AFI a cambio de protección. Melo lo niega. Martinengo integraba el área de Documentación Presidencial y trabajaba en la Casa Rosada.
Tiene reuniones en la Casa Rosada y mensajes de whatsapp con Sáez y Araque. De allí surgió que parte de la documentación ilegal fue entregada a Dario Nieto, secretario privado de Macri. Nieto fue allanado la semana pasada y se secuestró su teléfono y el juez Villena le rechazó ayer un pedido de exención de prisión, que permite transitar en libertad la causa mientras es investigada. El magistrado entendió que Nieto “cuenta con los medios para sustraerse del accionar de la justicia”, que “existe un riesgo cierto de entorpecimiento de la investigación” y “un peligro cierto de intimidación hacia las víctimas o a los testigos, sea por sí, o por terceros”. Villena explicó que Nieto tuvo “una actitud evasiva” cuando fue allanado porque primero no se quiso identificar, increpó a la policía y comenzó a usar su celular.
“En ese sentido, cabe destacar que la manipulación de su teléfono pudo haber generado tanto el borrado de mensajes como la alerta de las circunstancias del procedimiento a distintas personas o familiares, por lo que podría haber frustrado la medida dispuesta, escenario que permite concluir que mediante su actitud obstruyó el accionar de la justicia”, sostuvo el juez. La fiscal Cecilia Incardona se había opuesto a la exención. El ex secretario de Macri no integra la lista de los detenidos. Las víctimas del espionaje -ya cerca de 50 personas- son Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el camarista federal Martín Irurzun, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el empresario Fabián de Sousa, entre otros. Además, ayer se conocieron 21 nuevas víctimas: la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; la titular del INADI, Victoria Donda; los dirigentes de movimientos sociales Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez y el abogado Mauricio D’Alessandro,
“Turco, ¿me averiguás si Cristina Kirchner está en Buenos Aires?”, fue uno de los mensajes que recibió Sáez y que es una de las pruebas del espionaje a la vicepresidenta. La ex presidenta estuvo en el juzgado de Lomas de Zamora conociendo la prueba y es querellante. “Madera”, “Llave”, “Durazno”, “Ramona” y “Pibe” eran los apodos que los espías le pusieron a Massot, Monzó, el sindicalista Luis Barrionuevo, su esposa y diputada nacional Graciela Camaño y Santilli, respectivamente, cuando les hacían espionaje ilegal. Sobre ellos consta fotos de sus domicilios, seguimientos e informes de lo que hacían. Otra tramo de la investigación abarca a ex funcionarios kirchneristas y empresarios que estuvieron presos y que habrían sido espiados en la cárcel de Ezeiza, que fue allanada y donde se encontró un cableado que se mandó a peritar.
Por esta parte de la causa están imputados el ex jefe del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, el ex jefe de Inteligencia Cristian Suriano y el asesor Fernando Carra. Antes de las indagatorias las defensas hicieron planteos. El abogado Fernando Sicilia, que defiende a Melo y Araque, pidió que en caso que sean trasladados a una cárcel tengan resguardo de su seguridad y se atiendan sus problemas de salud. Se espera que mañana cuando comiencen las declaraciones las defensas pidan las excarcelaciones de los detenidos. El juez Villena explicó en una resolución que ordenó las detenciones de los acusados porque “dada su expertise podrían entorpecer el desarrollo del proceso mediante la alteración de elementos de prueba o utilizar sus influencias para sustraerse de sus obligaciones, como ausentarse de concurrir a la convocatoria a prestar declaración indagatoria”.
Las defensas lo objetan porque siempre estuvieron a derecho, todos los elementos necesarios fueron secuestrados y muchos estaban tramitando pedidos de exención de prisión para estar en libertad mientras dure la investigación. Las detenciones se llevaron a cabo en un momento de discusión sobre el futuro de la causa y del propio juez Villena. Por un lado hay un planteo de recusación del magistrados que hicieron algunas defensas y que tiene para resolver el juez de la Cámara Federal de La Plata Roberto Lemos Arias. Y por otra parte, desde los tribunales de Comodoro Py le pidieron a Villena que se desprenda de la causa y la envíe allí. Lo hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán. Entendió que la causa de espionaje ilegal debía tramitar en conjunto con otro expediente en el que se investiga el atentado a José Luis Vila, ex funcionario del Ministerio de Defensa de la Nación, del que se busca determinar si participaron algunos de los mismos agentes del espionaje.
