El Gobierno revisará las designaciones de los funcionarios técnicos de alto rango de los últimos tres años de la gestión de Cambiemos. Así lo indicaron a Infobae calificadas fuentes oficiales, que precisaron que la revisión implicará observar con atención los concursos y las designaciones transitorias por el gobierno de Mauricio Macri desde 2016. Este proceso abarcará a la administración pública nacional en su totalidad –incluyendo a los organismos descentralizados- y a las empresas en las que el Estado tenga mayoría accionaria.
Para la Jefatura de Gabinete que lidera Santiago Cafiero, “hay demasiados funcionarios con la calificación más alta posible sin que cumplan los requisitos profesionales y académicos correspondientes”. La Jefatura de Gabinete asegura que hay demasiados funcionarios con la calificación más alta posible sin que cumplan los requisitos profesionales académicos correspondientes. El examen de los nombramientos comenzará con los cargos de directores nacionales que accedieron a la calificación de la letra “A”, la más alta que se puede alcanzar, con un sueldo promedio neto de unos 90.000 pesos.
En particular, se observarán “las designaciones de personas menores de 25 años con cargos importantes y que no cuentan con los requisitos administrativos correspondientes”. “No estamos haciendo nada diferente a lo que hizo Cambiemos cuando asumió a fines del 2015”, explicó la fuente. El funcionario expresó: “El gobierno de Mauricio Macri sobredimensionó el número de directores nacionales, mientras que se despidió a mucha gente, unas 41.000 personas, de cargos muy bajos, a los que ellos llamaban la grasa militante”.
Aunque no dieron un dato preciso sobre cuánta gente se encuentra bajo observación, aclararon que “son muchos más de los 3.000 funcionarios que se mencionaron en un primer momento”. La primera medida que se adoptó en este sentido fue suspender por 180 días el decreto 788 que el 1° de enero le daba estabilidad y le subía los salarios a esos funcionarios. “Hay que revisar si es justa esa garantía de estabilidad”, indicó la fuente. Y, si se quedaran, “sería sin privilegios; es decir, deberán cumplir los requisitos académicos correspondientes”.
En los registros oficiales, los nuevos funcionarios que dirigen las áreas que antes correspondían al Ministerio de Modernización –y que ahora responden a Jefatura de Gabinete- observan que las direcciones nacionales pasaron de 290 a 398 entre 2016 y 2018. Cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, se redujeron a 324. La limitación se adoptó a través del decreto 632, que dispuso que el Estado, con la excepción de la AFIP, el Servicio Penitenciario, las FFAA y de Seguridad y las Universidades Nacionales, “no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal”.
Ahora, según prometen los funcionarios que dependen de Cafiero, dos criterios guiarán la revisión de la estabilidad de los funcionarios: “Cumplimiento de requisitos académicos y de las restricciones presupuestarias vigentes”, indicó la fuente. Claro está que, con el aumento del número de ministerios de un gobierno a otro, también se sumaron contrataciones, por carteras que antes eran secretarías o subsecretarías. Otro eje sobre el que girará la política de empleo público es la estabilidad de los cargos más bajos: sin contar a las FFAA y de Seguridad, el 55% tiene estabilidad y el 45% está en cargos transitorios (unas 68.000 personas).
En particular, se buscará que los funcionarios que están hace más de 10 años en sus cargos con designaciones transitorias, deban pasar por un concurso para mantenerlos. En el Gobierno creen que el recorte no pasa por una cuestión salarial, ya que el gasto en personal en la administración pública nacional sólo se lleva el 4% del presupuesto nacional, a lo que se suma otro 5% en las FFAA y de Seguridad. Sin embargo, advirtieron que “se revisará los casos en los que funcionarios de alto rango se otorgaban unidades retributivas a sí mismos, que no son pocos”.
En paralelo a este proceso administrativo, los funcionarios de Jefatura deberán preparar los términos de las paritarias que comenzarán a debatirse en los próximos 90 días con los gremios estatales. Al respecto, todavía no hay una pauta difundida de aumentos salariales, aunque posiblemente la suba se ajuste al proceso de “pacto social” que el Gobierno pretende lanzar en los próximos meses. La encargada de desarrollar esta tarea es Ana Castellani, la socióloga que está a cargo de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación.
Castellani es Doctora en Ciencias Sociales de la UBA, tiene una maestría en Sociología Económica de la Universidad Nacional de San Martín y es investigadora independiente del Conicet. Publicó numerosos trabajos académicos y sendos libros sobre la Alianza y el kirchnerismo. Antes de asumir, Castellani expresó en Twitter: “Vamos a poner el Estado al servicio del desarrollo del país y de su gente. Vamos a recuperar el orgullo de ser servidores públicos”.
Días después, con más dureza, utilizó la misma red para afirmar: “La transparencia y la austeridad eran solo un discurso para legitimar la profunda transformación del Estado que quisieron hacer. Detrás de la “cruzada modernizadora” hay funcionarios con sobre sueldos, consultoras trabajando adentro, cantidad de designaciones altas por excepción”.
En defensa de su gestión, el macrismo recordó que durante el período 2016-2019 el empleo público bajó el 7,4% a nivel nacional, a contramano de la tendencia registrada tanto a nivel provincial como municipal. Un trabajo del Ministerio de Modernización que encabezó Andrés Ibarra refleja que entre 2005 y 2015 el empleo creció el 42,6% a nivel consolidado (nacional, provincial y municipal) y el 91% en la administración pública nacional. Además, señala que creció en forma notable tanto la cantidad de concursos para alta dirección como la cantidad de capacitaciones: 4000% y 300%, respectivamente.
Respecto del diagnóstico y las herramientas adoptadas por el nuevo gobierno, una fuente cercana a Ibarra dijo a Infobae que “una revisión en sí es algo natural y lógico con un cambio de gobierno, pero el régimen suspendido no es producto de un decreto nada más, sino de una negociación en el marco de un convenio colectivo; como tal, debe modificarse en ese contexto y no con otro decreto”.
Por otro lado, la fuente indicó que “la estabilidad en los cargos públicos tiene rango constitucional, pero requiere un concurso que, a su vez, exige un año hasta que le otorga la estabilidad definitiva; nosotros hicimos 300 concursos, de los cuales 80 fueron designados y afectados por la suspensión del decreto. Y la mayoría de esas personas designadas estaban en funciones antes del inicio del gobierno de Cambiemos”.
