Las cámaras de indumentaria de Argentina, Brasil y México trabajan en conjunto en un proyecto de ley para ponerle un freno al avance de Shein y Temu, las plataformas de moda ultrabarata que en los últimos años coparon el mercado regional.
La propuesta, inspirada en la normativa que ya rige en Francia, apunta a equilibrar la competencia, proteger empleos y garantizar controles ambientales y sanitarios sobre las prendas que ingresan a estos países desde China.
El planteo de los industriales es claro: que la ropa fabricada en el gigante asiático cumpla con las mismas exigencias que se le imponen hoy a la producción local.
Desde la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) advierten que el sector pierde alrededor de 1500 puestos de trabajo mensuales y que, según datos de ProTejer, más de la mitad de las fábricas vendieron menos en el segundo trimestre de 2025, con una baja promedio del 7%.
Si se amplía la mirada a los últimos dos años, 8 de cada 10 compañías sufrieron una caída del 30% en su facturación.
Más allá del precio: el riesgo ambiental y sanitario de la ropa china
El borrador de la iniciativa contempla que las prendas importadas atraviesen un proceso de verificación a cargo de la ANMAT, que certifique la ausencia de sustancias tóxicas y prácticas contaminantes en su confección.
El antecedente no es menor: un informe del Gobierno Metropolitano de Seúl reveló que parte de la ropa infantil de estas plataformas superaba hasta en 600 veces los límites legales de cadmio y plomo.
Además, los fabricantes locales señalan que Shein y Temu aplican precios de dumping, es decir que venden un producto en otro país a un precio artificialmente bajo —a veces por debajo del costo— para ganar ese mercado y desplazar a la competencia local.
En rigor, el proyecto de ley implicaría que, superada la etapa de control ambiental, las prendas quedarían alcanzadas por aranceles e impuestos internos como IVA e Ingresos Brutos.
El espejo francés y el respaldo en el Congreso
El modelo a seguir es la normativa aprobada en Francia, que introdujo un impuesto ecológico progresivo al ultra fast fashion: 5 euros por prenda, que se duplicará en 2030. También se prohibió la publicidad y se impuso la obligación de detallar el impacto ambiental en las etiquetas.
Claudio Drescher, presidente de la CIAI, aseguró que existe diálogo permanente con los industriales de Brasil y México para avanzar de manera coordinada. “Soy optimista porque veo un consenso creciente. Ningún país entrega su mercado interno sin reaccionar, y en Europa ya hay medidas concretas”, señaló.
En el Congreso argentino, la propuesta suma respaldo de distintos bloques. Dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Martín Lousteau ya manifestaron su interés en avanzar con una regulación que proteja la industria nacional. “El fenómeno chino es una máquina que destruye todo”, advirtió Pichetto.
En diálogo con TN, Leonardo Park, economista e investigador de Fundar, analizó el contexto en el que surge la iniciativa: “La Ley ‘Anti-Shein’ aparece en un escenario de apertura comercial. El Gobierno eliminó licencias no automáticas de importación, flexibilizó reglamentos técnicos y quitó la declaración jurada de composición de producto".
Asimismo, el economista explicó que el Gobierno “redujo los aranceles de ropa y calzado del 35% al 20%, niveles similares a los de 2007. Con un tipo de cambio real bajo, el incentivo a comprar afuera es aún mayor. La industria textil-indumentaria es uno de los sectores más expuestos”.
La discusión no es exclusiva de la región. El Parlamento Europeo analiza aplicar un arancel de dos euros a cada compra en plataformas de bajo costo, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, acusó a China de inundar los mercados internacionales con un “exceso de capacidad subsidiada”.
