“Siempre estuve ajustado a derecho y lo voy a estar. No hice nada malo. Los compañeros no hicieron ninguna de las porquerías que dice el Gobierno de (Javier) Milei y (Sandra) Pettovello. Claro que me voy a presentar el 25 de junio, pero les aclaro algo, hasta ahora a mí no me llegó ninguna notificación. El Gobierno me quiere preso porque le molestamos”. Con esas palabras, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, reaccionó ante el llamado a declaración indagatoria dictada por el Juez Sebastián Casanello, contra él y otros 22 dirigentes que están imputados por extorsionar a beneficiarios de planes sociales.
En los próximos días, la Unidad Piquetera y representantes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se reunirán para organizar movilizaciones frente a los tribunales de Comodoro Py los días 11 de junio, 12, 13, 18, 19 y el 25 de ese mes.
Belliboni será el último en ser indagado. Antes lo harán los otro dirigentes sociales del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Barrios de Pie.
El 11 de mayo se realizaron más de 20 allanamientos a comedores, merenderos, viviendas y locales relacionadas con dirigentes de esas tres organizaciones sociales. Allí se secuestró documentación, celulares, dinero, computadores y pendrive.
El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de la Unidad Piquetera piqueteros contra el gobierno de Javier Milei que había asumido diez días antes.
La administración nacional habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente sobre posibles aprietes y amenazas si no asistían a marchas y movilizaciones.
“El Gobierno está persiguiendo a las organizaciones que estamos luchando contra el hambre que el Gobierno de Milei y los Gobiernos anteriores llevaron al pueblo argentino”, expresó Belliboni desde la cuenta de su red social X.
Dirigentes del Polo Obrero que dialogaron con este medio, pero que prefieren no ser identificados, aseguran que “el Gobierno de La Libertad Avanza lo quieren preso a Chiquito (por Belliboni). Creen que es la única forma de pararlo, pero va a ser peor. Nos vamos a organizar para un gran piquetazo frente a tribunales para el día que declare Chiquito y el resto de los compañeros”, adelantaron en off the record.
En su resolución, Casanello detalló la forma en que las personas vulnerables recibían esos planes a través de la intermediación de las organizaciones y cómo se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
Como quien arma un puzzle de mil de piezas, el fiscal Pollicita fue encastrando los elementos sobre el rol de cada uno de los imputados.
En base a escuchas telefónicas y transcripciones de mensajes de voz y de grupos de WhatsApp, que integraban los dirigentes que administraban los comedores comunitarios del Polo Obrero, logró reconstruir el organigrama de ese movimiento social -ver infografía-.
Eduardo Belliboni, el líder de la organización figura en el extremo superior del presunto “organigrama extorsivo”. Un rol protagónico se le da al ladero de Belliboni, Jeremías Cantero, ex candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, y funcionario en la ex cartera de Desarrollo Social entre 2020 y abril de 2024.
El fiscal sostiene que Cantero ocupaba el “escalón superior a los referentes de cada comedor. Intervenía en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”.
De las comunicaciones recopiladas por Pollicita surge que tanto Cantero como Elizabeth Del Carmen Palma, otra dirigente del Polo Obrero, “intervendrían en las decisiones sobre el destino del producto del delito, conforme se desprende de una conversación telefónica del día 27 de marzo de 2024 mantenida entre ambos”.
La justicia investiga la supuesta extorsión a beneficiarios de planes en varios comedores comunitarios del Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie
Ese día, Palma “le manifiesta a Cantero su preocupación respecto de la posibilidad de que se los investigue ‘por lavado’ en relación con las ‘cooperativas que están recibiendo las capitas’”. Ante esa inquietud, el líder piquetero “le propuso pensar un plan de adónde va eso”, en referencia al dinero.
Para el fiscal, esos diálogos “sugieren que las actividades de los imputados se orientaron también a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de cooperativas, desconociéndose a la fecha el destino final de ese dinero”.
Debajo de Cantero, se ubican otros cinco dirigentes, la mencionada Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti Y Gustavo Guillermo Vásquez.
Todos ellos “cumplían funciones de conducción y coordinación de la actuación de sus integrantes. Cargaban los datos para que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social”.
Las planillas en la que los dirigentes del Polo Obrero asentaban a los presentes y ausentes en las marchas
El fiscal describe que los dirigentes del Polo Obrero imputados, “se apropiaban de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en movilizaciones convocadas por el Polo Obrero”.
Con esos objetivos “los imputados hacían saber a los vecinos y potenciales asistentes de los comedores que, para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, debían asistir a determinada cantidad de marchas o movilizaciones del Polo Obrero, lo que aumentaba sus probabilidades de ingresar en una ‘lista de espera’ desde la cual, con posterioridad, podían pasar a ser inscriptos como beneficiarios de dicho plan, a lo que llamaban ascenso”.
Una vez que se accedía al Potenciar Trabajo, cuyas labores de 20 horas semanales las cumplían en cooperativas o comedores de la organización de izquierda, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación debía asistir a las protestas. “En caso contrario, se le daría de baja del plan”
Debajo de ese grupo, el organigrama elaborado por Pollicita ubica a los “delegados” de cada comedor.
El fiscal Gerardo Pollicita le adjudica un rol relevante a Jeremías Cantero, uno de los principales dirigentes del Polo Obrero que lidera Eduardo Belliboni
En palabras de la fiscalía, y según los testimonios acumulados, era los encargados de “transmitir las exigencias coactivas, tomar listas de asistencia y exigir y cobrar el dinero a las víctimas”.
Las personas identificadas son once: Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman y Yoao Ariel Escobar Rojas.
Entre sus tareas estaba la de “exigirle a las víctimas que, en caso de no asistir a una movilización, debían justificar la ausencia y acompañar las correspondientes constancias de las razones que impidieron la participación —como la existencia de turnos médicos—; porque de lo contrario se anotaría como ausencia; lo que podía ocasionar la imposición de ‘sanciones’, que iban desde no recibir mercadería del comedor por un determinado lapso, hasta ser degradado de categoría o ser dado de baja del Potenciar Trabajo.”
Según el fiscal Pollicita: “A los miembros de todas las categorías, en los tres comedores, los imputados les exigían, además de la asistencia a las marchas y movilizaciones, el pago de ‘cápitas’ mensuales equivalentes al 2% de la ayuda social percibida en cada caso; lo que se abonaba en efectivo siempre, los primeros días del mes; y, en caso de incumplimiento, se los incluía en la lista de morosos lo que, según la demora y el criterio de los acusados, podía derivar en la decisión de degradar de categoría al deudor hasta disponer, incluso, la baja del Plan Potenciar Trabajo, por lo que pasaba nuevamente a lista de espera”.
En la resolución de hoy, Casanello sostiene que: “Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, y a eso le siguió la “exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.
