En medio de la transición presidencial, cinco cámaras empresariales de colectivos que forman parte de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) volvieron a amenazar con reducir sus servicios en la mayoría de las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por una “falta de pago de las compensaciones al transporte”. En principio, el lockout patronal afectará a las unidades de jurisdicción provincial y municipal que circulan en la provincia de Buenos Aires, indicó uno de los voceros de las entidades.
“El conjunto de las 5 Cámaras Empresarias de Colectivos del AMBA comunican a la población la afectación de servicios, que desde mañana (por hoy), se producirá en la mayoría de las líneas de colectivos del AMBA de Jurisdicción provincial y comunal (Lineas numeración 200 en adelante)”, informó la asociación a través de sus redes sociales.
Días atrás, el sector patronal alertó sobre la situación financiera de la actividad y la ausencia de actualización de los subsidios, lo que les impide mantener el normal funcionamiento de sus líneas de transporte automotor. Reclaman que se descongele el precio de las tarifas. “Lamentamos la situación ajena a nuestra voluntad, ya que no fijamos la tarifa, ni actualizamos los niveles de subsidios”, se excusaron a través de un comunicado.
Este martes, AAETA emitió un nuevo comunicado en el que plantearon que “durante la semana anterior, anticipamos que una falta de pago de las compensaciones al transporte provocaría la reducción o paralización de los servicios en la mayoría de las líneas provinciales y comunales que circulan en el AMBA”. Aseguran que hay “una deuda de 9000 millones de pesos de subsidios desde octubre, y otros conceptos”.
“Al no haberse regularizado dicha situación, informamos que habiendo agotado toda capacidad financiera y los recursos de una enorme mayoría de las empresas, empezará a afectar de tal modo los servicios, con un agravamiento a medida que transcurra la semana, con el consiguiente impacto para el público usuario”, alertaron.
José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), precisó que la suspensión de los servicios alcanza a “las empresas provinciales y comunales” bonaerenses, es decir, aquellas “líneas que no entran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. “Está siendo imposible sostener los insumos básicos”, expresó el vocero, que aclaró que el reclamo del pago de subsidios está dirigido especialmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires y que actualmente representa el 90% de la tarifa. “El Gobierno nacional está al día, el problema serio que estamos transmitiendo es el de las empresas provinciales”, consideró en declaraciones a radio Continental.
“Hay riesgo que en los próximos días las empresas no puedan circular”, insistió Troilo.
Según estimaciones de las propias cámaras empresariales, desde este martes la mayoría de las empresas de colectivos que circulan en el AMBA “no podrán continuar presentando servicios de forma habitual, quedando paralizadas en la medida que agoten los recursos en forma progresiva”. Frente a la decisión que puede afectar a cientos de miles de pasajeros, desde AAETA se excusaron señalando que la situación les excede, ya que no son ellos los que fijan las tarifas ni actualizan los subsidios.
“Lamentamos la situación ajena a nuestra voluntad, ya que no fijamos la tarifa -congelada desde el mes de agosto- ni actualizamos los niveles de subsidios -desfasados a la fecha en un 30 por ciento respecto de los costos reales de operación-”. “No somos responsables por el persistente atraso y mora en los pagos, que torna insostenible esta situación al combinarse todos los factores”, continuaron apuntando a las autoridades.
Las patronales insistieron con que “esta situación no es nueva” y enfatizaron que “se viene agravando progresivamente desde hace varios meses”. “El propio usuario percibe la pérdida de frecuencias, deterioro del parque móvil y empeoramiento del servicio, en paralelo al aceleramiento de la inflación, desabastecimiento de insumos críticos, y el atraso en el cálculo y pagos de subsidios, sin que las empresas tengan margen para sortear la acumulación de obstáculos”, agregaron.
“Hemos advertido reiteradas veces que se llegaría a esta situación de continuar en un esquema de tarifas tan bajas y congeladas, junto con subsidios mal calculados, y además impagos, por lo que solicitamos urgente a las autoridades que cumplan en el marco normativo vigente que se asegura el financiamiento que permite la continuidad de los servicios, de manera de evitarle perjuicios al público usuario”, sentencia el escrito.
Desde hace tiempo reclaman que el Gobierno descongele el precio de las tarifas. Un tema que recaerá en la próxima gestión.
Fuentes oficiales aseguraron días atrás a Infobae que el esquema que había implementado el Poder Ejecutivo desde marzo para que el valor del boleto se actualice de manera automática por inflación, y que fue puesto en pausa en contexto de campaña, seguirá congelado hasta el fin del mandato actual.
Por esa razón, la decisión sobre retomar esa fórmula para actualizar las tarifas de manera mensual por IPC o implementar un método distinto recaerá sobre las nuevas autoridades. Fue en ese marco en que un grupo de cámaras del sector alzaron la voz. “Esta situación se debe a una inédita combinación de factores que explican el deterioro en los servicios que se observa en estos meses y que lamentablemente nos llevarán a una mayor reducción y/o eventual parálisis de los servicios, de no tomarse medidas urgentes”, plantearon la semana pasada en un comunicado las cámaras sectoriales.
“Como es sabido, durante este 2023 se ha registrado la mayor inflación en la Argentina en 30 años. En este contexto, las tarifas han estado congeladas desde el mes de agosto 2023 y durante más de 3 años entre 2019 y 2022. Por otro lado, las compensaciones (subsidios) tarifarias que, deberían cubrir la diferencia entre la tarifa abonada por el pasajero y el costo real de la actividad, se encuentran persistentemente mal calculadas”, reclamaron.
