Una banda narco comenzó a ser allanada en la mañana de este viernes en la zona norte de Rosario. En la investigación de la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Claudio Kishimoto, se pudo establecer que la estructura sería liderada por Lautaro G., un preso de 26 años que está detenido en la cárcel de Coronda. La acusación es aberrante, un nuevo piso en la infamia narco de la ciudad: se cree que la banda secuestró a dos adolescentes de 16 y 17 años en febrero de este año, a quienes obligó a vender droga y a prostituirse con soldaditos y con policías, según denunciaron las propias víctimas.
Por la investigación, en la que interviene también el auxiliar fiscal Franco Benetti y el Juzgado federal N° 4 a cargo de Marcelo Bailaque, al cierre de esta nota se realizan 26 procedimientos a cargo de la Agencia de Investigación Criminal y la Tropa de Operaciones Especiales. Uno de ellos, en el pabellón 4 de la cárcel de Coronda, donde está alojado Lautaro G., el presunto líder.
Los operativos estuvieron dirigidos también hacia el hermano de Lautaro, Bruno G., su madre Gladis Noemí P., su pareja Irina Micaela M., su suegra Valeria Alejandra G. y otros miembros de la presunta banda, entre los que se encuentran vendedores y soldaditos.
El caso comenzó con una denuncia ante la Policía provincial en Coronda, cuando una adolescente de 16 años denunció que un grupo de ladronas le había robado su celular y la había subido a una camioneta, donde además tenían retenida contra su voluntad a su amiga, de 17 años.
La menor, de 17 años, fue rescatada del vehículo en cuestión, donde supuestamente estaban como ocupantes, Gladis P., Irina M. y Andrea Elisa A., una mujer que luego se comprobó que era quien tomaba directivas en la organización.
De acuerdo al relato de las denunciantes, en los búnkeres fueron obligadas a consumir cocaína –para que se mantengan despiertas durante su turno–, a vender estupefacientes y a ser abusadas sexualmente por traficantes que conforman la organización o por policías que cumplen funciones en una subcomisaría de la zona.
Según se desprende de intervenciones telefónicas de la Agencia de Investigación Criminal que forman parte del expediente, en el búnker de la Zona Cero se vende al por mayor con “bidones” como unidad de medida. Esto significa que quienes venden la droga reciben envases que contienen generalmente 20 o 22 envoltorios de un gramo cada uno, y cuando se agotan las unidades deben avisar para que un miembro de la banda vaya a llevar otro “bidón” y retirar la plata recaudada.
El punto de venta de droga tiene varios orificios, de acuerdo a las imágenes tomadas en tareas de vigilancia. Algunos que son visibles en las persianas son consecuencia de ataques a tiros que recibieron en el marco de pujas territoriales con otras bandas. Y otro, apenas más grande que la marca de una bala, es por el que se ejecuta el “pasamanos” para la operación de menudeo.
El 9 de febrero pasado, en una de las balaceras contra el kiosco de droga de la calle Beatriz Vallejos al 3300, una de las mujeres que integra la organización fue herida de arma de fuego, según se desprende de las actuaciones policiales.
Otro de los búnkeres de la organización se encuentra en Polledo al 3500 –alterna con otro situado en Polledo al 3800, sobre las vías–, donde se hallaron letreros escritos con tiza que indican que allí supuestamente funciona un almacén.
En una conversación telefónica entre Lautaro G. y Andrea A. que es parte de la causa sobresale una situación llamativa para los investigadores policiales: en primer lugar, los “empleados” son obligados a trabajar gratis para después empezar a ganar dinero. Lo que se conoce como un “derecho de piso”.
De acuerdo a las intervenciones a los celulares de las personas investigadas, la actividad de comercialización de estupefacientes suele basarse en los movimientos de Gendarmería para esquivar los controles. A modo de ejemplo, el martes 9 de mayo a las 23.12, Andrea A. le dio aviso al presunto jefe: “Ya estoy en el punto y las pibas recién arrancan, ¿sabés? Porque recién se fueron todos, los gendarmes, todo eso”
A pesar de ser una organización de tamaño pequeño, el flujo de dinero y droga es relevante. El fin de semana del 5, 6 y 7 de mayo recaudaron 565 mil pesos, y solo el viernes 12 de mayo obtuvieron 490 mil. De acuerdo a distintas charlas telefónicas, a quien le rinden la plata es a Bruno G., el hermano del preso, que suele desplazarse en un Audi C5 blanco.
ASÍ CAPTARON A LAS VÍCTIMAS
La víctima de 17 años contó ante el Personal Nacional de Rescate que publicó en un grupo de Facebook dedicado a la compra y venta de artículos de Rosario, Gálvez y Coronda que buscaba trabajo para pedir la tenencia de su hija. Una mujer se comunicó con ella, le ofreció empleo y le dijo que fuera a la terminal de ómnibus de Rosario, donde fue recogida y llevada hasta el Pasaje 1.368, donde funciona uno de los búnkeres.
Dentro del quiosco de droga, uno de los integrantes de la banda hizo una videollamada para que conociera a su nuevo “patrón”, que era Lautaro, quien les comentó: “Van a trabajar para mí, si no les voy a pegar un tiro en las piernas. Vivas no van a salir”.
Por su parte, la adolescente de 16 años relató que el pasado 17 de febrero la pasaron a buscar dos de sus amigas para ir a bailar a Rosario. No obstante, cuando bajaron del colectivo, fueron en taxi hasta el búnker de la Zona Cero. Al llegar, en la puerta estaban asistiendo a una integrante de la organización que había sido atacada a tiros. Afirmó que desde ese momento fue obligada a vender droga.
Una de las denunciantes comentó que entre las dos se rotaban para hacer los turnos y agregó que policías iban una vez a la semana a buscar la coima, generalmente un monto estimado en 50 mil pesos.
Las víctimas añadieron que cobraban mil pesos en concepto de comisión por cada “bidón” que lograban expender. Y que “los policías corruptos” de la Subcomisaría 2ª “exigían sostener contactos sexuales a cambio de no llevarlas detenidas”, según la investigación en curso.
Las menores tuvieron una frustrada declaración en Cámara Gesell. “Es un fracaso rotundo de todos los estamentos del Estado (nacional, provincial y municipal) el destrato, revictimización y falta de contención que se les ha dado a las menores, lo que inevitablemente derivó en que se frustre una medida tan importante como es una Cámara Gesell”, indica parte del escrito de la causa.
Los fiscales sostuvieron que el 26 de abril pasado habían solicitado un pedido de Cámara Gesell y protección a las dos adolescentes, de las cuales una había denunciado que estaba bajo amenazas. La respuesta del juzgado de turno fue darle intervención el 28 de abril a la Defensoría del Niño, quien contestó recién el 1º de mayo. Fue el 5 de mayo que desde el Ministerio Público Fiscal se volvió a repetir el pedido y recién el 10 de mayo se le hizo lugar a la petición, pero solo para la Cámara Gesell y no para la protección.
La adolescente de 16 años reiteró el 16 de mayo pasado estar bajo amenaza, por lo que se presentó un escrito al día siguiente para que se le dé intervención al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Si bien la respuesta fue favorable, desde el Ministerio Público Fiscal no pudieron acreditar que “efectivamente esté protegida por el Estado”.
