La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un nuevo día agitado marcado por marchas, cortes de calles e incluso la posibilidad de un acampe. Así lo manifiestaron desde la conducción de la Unidad Piquetera, que comenzó desde temprano su plan de lucha en reclamo de más alimentos y programas sociales.
Los piqueteros llegarán al ministerio de Desarrollo Social, acompañados por miles de manifestantes marchando por las calles y avenidas porteñas y con la posibilidad de un “acampe exprés”.
La única forma en la que desistirían sería si Juan Zabaleta los recibe. Sin embargo, el ministro ya anticipó que, por séptima vez, no lo hará si es que llegan precedidos por una manifestación de miles de personas dispuestas a llevar adelante este plan. El motivo es que esta posición fue considerada por los funcionarios nacionales como “belicosa” y “extorsiva”.
Ante esa negativa, divididos en dos extensas columnas, los piqueteros tienen definido partir desde el Obelisco y desde la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio.
La medida fue votada el lunes en el Plenario Nacional Piquetero que las organizaciones sociales, enfrentadas a Alberto Fernández, realizaron en el microcentro porteño. La policía de la Ciudad buscará evitar que los manifestantes realicen acampes y compliquen el tránsito durante un largo periodo. Así lo manifestaron desde el ministerio de Seguridad porteño.
“El Ministro Zabaleta le vuelve a mentir a las organizaciones y a todo el pueblo”, afirmó Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, y recordó: “Más allá de sus apariciones mediáticas acusando a las organizaciones de ‘hacer política’ y diciendo que no hay necesidades insatisfechas por parte del ministerio que él dirige, el ministro ha faltado a su palabra mintiéndole a todo el país sobre una reunión a la que finalmente no concurrirá”. Al momento de realizar estas declaraciones, Zabaleta estaba en Asunción en un encuentro de pares del Mercosur.
El enojo de las organizaciones sociales nace luego de que Gustavo Aguilera, secretario de Articulación de Política Social y virtual número dos del ministerio, había hecho público la audiencia de Zabaleta y su grupo de trabajo, en un primer momento, para el miércoles 15 y, ante el viaje a Paraguay, para el jueves 16.
Pero desde el anuncio sucedieron una serie de acontecimientos que derivaron en la suspensión del encuentro. En primer lugar, la resolución de los líderes piqueteros de llegar al ministerio de Desarrollo Social acompañados por miles de manifestantes marchando por las calles y avenidas porteñas y con la posibilidad de instalarse en la 9 de julio si el funcionario de Fernández no accedía a las demandas.
Mientras, del lado del Gobierno, los voceros de Zabaleta respondieron: “El ministro no va a responder a las agresiones de los dirigentes de la Unidad Piquetera”. Además, aseguraron que el intendente de Hurlingham en uso de licencia “está dispuesto a recibirlos, como ya lo hizo seis veces en sus diez meses de gestión, pero sin marcha” y ratifican: “Con marcha no hay reunión”.
El conflicto entre Zabaleta y los piqueteros no es nuevo, pero esta confrontación se da en medio del reconocimiento por parte del Polo Obrero de la retención del 2% que la organización realiza sobre los haberes que lo beneficiarios del Potenciar Trabajo reciben. Se trata de una parte de los fondos que en definitiva vuelca el Estado y termina siendo destinado para financiar la logística de las protestas. En su defensa, no obstante, los movimientos aseguran que lo recaudado es para sostener los comedores y merenderos ante la demora del ministerio de Desarrollo Social en entregar los bolsones de comida destinados a esos lugares.
Si se toma en cuenta que hasta el mes pasado los beneficiarios del Potenciar Trabajo reciben 19.000 pesos mensuales en concepto de haberes, y son unos 60.000 las personas agrupadas en el PO, la recaudación mensual sería de 22.800.000 pesos mensuales. La cifra anualizada asciende a 273.600.000 pesos.
A pesar de esto, los piqueteros consideran que esa cifra no es suficiente y pedían incorporar a más beneficiarios a este programa. Desde hace diez meses, fecha en la que asumió la cartera en lugar del diputado nacional Daniel Arroyo, hizo pública su decisión de “convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones o los trabajos precarizados en ‘incentivos para la contratación’ bajo la forma de ‘empleo asalariado registrado en el sector privado’” tal como se sostienen en el decreto 711/2021.
