El silencio fue grande cuando los abogados de la Acusación Popular Carlos Slepoy y José Galán, desde las escalinatas, informaron que la condena sumaba 640 años de prisión. Con el correr de los años y las apelaciones, la condena aumentó a 1084 años. Por la legislación española, solo podían efectivizarse 30 años. Por sus propias confesiones y los testimonios de sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a Adolfo Scilingo se le habían probado 30 muertes, torturas y una innumerable cantidad de detenciones ilegales.
Era la primera vez que la justicia española condenaba a un imputado por crímenes contra la humanidad, por delitos cometidos en el extranjero y por ciudadanos extranjeros, más allá de que algunas víctimas fueron españolas. “El enjuiciamiento de Scilingo ante la Audiencia Nacional española representa un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad.
Por primera vez, se declaró que conductas tales como arrojar prisioneros al mar desde aviones en vuelo constituyen crímenes contra la humanidad; y esa conducta fue juzgada, en aplicación del principio de justicia universal, por tribunales de un país diferente de aquel en el que había cometido”, explicó el abogado Carlos Castresana, quien en nombre de la Asociación Progresista de Fiscales presentó un escrito para que se iniciara un juicio por los crímenes cometidos en Argentina. Fue el 28 de marzo de 1996, porque a 20 años del golpe se corría el riesgo de que se consideraran caducados los plazos para juzgar homicidios.
Hasta entonces había habido algunos pocos casos de juzgamiento extraterriorial por violaciones de derechos humanos, como en de Adolf Eichmann en Israel, pero en todos los casos se trataba de casos impulsados por las autoridades de un Estado. “El caso de Scilingo fue el primero promovido por las víctimas, que pudieron así encontrar justicia a miles de kilómetros y varias décadas después, sin consideración a su nacionalidad ni a ninguna otra condición personal o social”, dice Castresana.
Y agrega: “Desgraciadamente, los Estados reaccionaron para neutralizar ese ejemplo. Por eso resulta tan importante que países como Argentina, donde permanece vigente el principio de justicia universal, lo sostengan y apliquen de manera efectiva. Scilingo es hoy un recordatorio a los victimarios de que antes o después, la justicia de las víctimas puede alcanzarles”.
Todo había comenzado dos décadas atrás. En la noche del jueves 2 de marzo de 1995, en el programa televisivo Hora Clave, conducido por Mariano Grondona, Horacio Verbitsky presentó la grabación de sus conversaciones con Scilingo. Grondona pidió fragmentos de aquellas tenebrosas confesiones. Scilingo se había retirado de la Armada en 1986 y antes de hacer sus revelaciones envió cartas al dictador Jorge Videla y al presidente Carlos Menem para que informaran de esos vuelos.
A falta de respuestas, un día, decidió hablar. Al día siguiente del programa de Grondona, el jefe de la Armada, almirante Enrique Molina Pico, descalificaba a Scilingo en base a una causa por estafa en la compra venta de un automóvil. El presidente Menem dijo, simplemente: “Es un fascineroso”.
Unos meses después, un grupo de argentinos en Madrid liderados por el abogado argentino Carlos Slepoy, en conjunto con el Club de Amigos de la Unesco de Madrid, lanzaron una campaña a la que llamaron Justicia, no Venganza. El manifiesto salió en julio de 1995, impreso en una página volante que fue distribuida por todos lados. Tenía doce puntos, breves, contundentes.
El motivo era que Scilingo había sido invitado a participar de un programa en Televisión Española y que dos abogados de Izquierda Unida, Isabelo Herreros y Gregorio Dionis, pensaron que Scilingo podía contagiar a otros represores a brindar información. Por eso, tomaron contacto con los abogados del hombre de la ESMA en Buenos Aires.
Por el contrario, para Slepoy era un represor quebrado y, si se animaba a pisar suelo español, el juez Baltazar Garzón debía ordenar inmediatamente su detención. José Pepe Galán, español y también abogado, era de la misma idea. Galán, en pleno gobierno de Felipe González se había convertido en un quebradero de cabeza para el presidente socialista: descubrió con detalles la trama de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una fuerza parapolicial amparada en funcionarios cercanos a González. Los GAL operaban de modo ilegal contra los etarras.
Ambos abogados sabían las causas por las cuales Scilingo había destapado la olla. Hacía poco, la Armada había propuesto el ascenso de dos hombres. Se trataba de Juan Carlos Rolón –alias Juan o Niño- y Antonio Pernías –alias Rata o Trueno-; ambos de Inteligencia Naval y de máxima confianza de Emilio Massera. Ambos habían sido señalados por los sobrevivientes de la ESMA y sus pliegos fueron rechazados por el Senado.
En aquellos años, Scilingo estaba a cargo de la sección Electricidad y Automotores, y en sus primeras apariciones públicas, trató de relativizar su participación directa en torturas y asesinatos de detenidos. Sin embargo, ante las presiones para dar detalles, se autoincriminó: reconoció haber participado de dos vuelos de la muerte.
Reveló que en julio de 1977 fueron llevados al aeroparque Jorge Newbery 28 secuestrados y como no entraban en un solo avión, hicieron dos vuelos. Scilingo dijo haber viajado en uno de ellos, en el que eliminaron a la mitad de los prisioneros. En agosto de ese 1977, confesó haber estado en otro vuelo, en el cual fueron tiradas al mar otras 17 personas.
En la Argentina había una situación inédita: alguien confesaba -a quien quisiera- algún grado de participación en crímenes de lesa humanidad y ningún juez lo interrogaba para precisar en qué condiciones y con qué participación directa había sido, ya que regían las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
El vuelo de Scilingo estuvo rodeado de intrigas y de espectacularidad. Sus abogados declaraban en Buenos Aires que no tenían ningún pacto con el juez Garzón, que su defendido sólo hacía lo correcto, pero Scilingo le había mandado un fax al juez pidiéndole garantías; luego lo llamó por teléfono pero el juez no lo atendió. Pocos días antes de la partida, Scilingo apareció con la cara cortada, con muchos cortecitos hechos con hoja de afeitar: según él, lo habían secuestrado brevemente para intimidarlo, cosa que no lograrían. Scilingo mostraba una iniciativa tremenda.
Tenía previsto llegar a Madrid alrededor del 22 de septiembre, acompañado por sus dos abogados argentinos. Televisión Española le había ofrecido participar en un programa, con el pasaje a cuenta del canal estatal. En la víspera de la supuesta llegada de Scilingo, Galán se presentó ante el juez Garzón para solicitar que lo detuviera apenas pisara el aeropuerto de Barajas. Pero Scilingo no llegó en la fecha indicada: en Buenos Aires lo retuvo una causa judicial fraguada sobre estafa, oxigenada por funcionarios y espías, tendiente a retenerlo en tierra argentina.
Finalmente, se fechó el viaje para el lunes 6 de octubre de aquel 1995: llegaría al mediodía a Barajas, al día siguiente declararía ante Garzón y tras cartón iría al programa de Antonio Herrero en Televisión Española. El mismo día que llegaba Scilingo, también lo hacía Hugo Anzorregui a Madrid. Por entonces era el jefe de la SIDE y hombre de mucha confianza de Menem. Su misión era tener contacto con los espías del presidente José María Aznar. Sin embargo, el Palacio de La Moncloa salió de inmediato a negar contactos oficiales: el gobierno del Partido Popular aclaró que “no interfería de ninguna manera en los asuntos de la Justicia”.
Al día siguiente, martes 7 de octubre, la antesala del despacho del juez Garzón era un hervidero. Scilingo, flanqueado por el defensor de oficio de la justicia española; más sus dos abogados argentinos que no estaban facultados para defenderlo allí pero lo acompañaban todo el tiempo. Por la Acusación Popular estaban, entre otros, Slepoy y Galán.
Scilingo estimó que de un total de dos mil oficiales de la Armada, unos mil quinientos habrían participado de la represión. Cuando el juez le mostró 75 fotografías de represores que actuaron en la ESMA -la mayoría tomadas por Víctor Basterra, detenido allí en esos años-, Scilingo reconoció a 17 de ellos. Además, detalló quiénes habían sido sus compañeros de equipo en los vuelos: los oficiales Jorge Acosta, Jorge Vildoza, Gonzalo Torres de Tolosa y Carlos Daviou, este último, en actividad y tercero en la jerarquía del Servicio de Inteligencia Naval. Explicó que les sacaban las ropas antes de arrojarlos.
A la mañana siguiente, Garzón firmó la prisión preventiva de Scilingo. Al lunes siguiente, la fiscalía apeló con el argumento de que España no tenía jurisdicción sobre los delitos que lo acusaban. Algo más de un mes después, Garzón le concedió a Scilingo la libertad bajo una fianza de cinco millones de pesetas que luego rebajó a medio millón, y que luego suprimió porque Scilingo argumentó que “no tenía dinero”.
El juez le quitó el pasaporte y le prohibió expresamente salir del territorio español, además tenía la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado. La libertad ambulatoria duró poco. Scilingo volvió a Carabanchel. Fue condenado a 1084 años de prisión. A fines de 2019 había cumplido 22 años de cárcel y fue derivado a un Centro de Reinserción Social en Madrid a cumplir tareas en un comedor.
El abogado Carlos Slepoy fue un factor clave no solo en el caso Scilingo sino en todo el resto del procedimiento de la Audiencia Nacional por crímenes cometidos en Chile y en Argentina. Luego se ocupó de los crímenes del franquismo y acompañó los testimonios de muchas víctimas. También fue factor clave para que la jueza federal María Servini de Cubría abriera una causa extraterritorial por aquellos crímenes cometidos en España. Slepoy murió el 17 de abril de 2017. Entre los tantos relatos y documentales que recuerdan su vida, se destaca La vida de los otros, producido por Pedro Almodóvar.
