Luego de dos años y medio, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive, vuelve hoy a debatirse en el recinto de la Cámara de Diputados en una jornada que se espera sea histórica y se extienda hasta bien entrada la madrugada. La iniciativa, que este año contó con el impulso del Poder Ejecutivo, a través del envío al Congreso de un texto propio, se debatirá previamente al Plan de los 1.000 días que busca proteger y ayudar a las mujeres embarazadas y a sus hijos hasta los tres años con una asignación especial del Estado Nacional.
El debate comenzó minutos después de las 11 y, tras el acuerdo de labor parlamentaria, se decidió que no habrá homenajes, cuestiones de privilegio ni apartamientos de reglamento al inicio de la sesión para tratar de acortar los tiempos. Tampoco se realizarán exposiciones por bloques, ni cierres. Tras la apertura de los miembros informantes -20 minutos por el despacho de mayoría y 20 por el de rechazo-, habrá cerca de 170 oradores que tendrán 5 minutos cada uno para exponer su postura.
🏛️+💻| SESIÓN ESPECIAL
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 10, 2020
Hoy se debatirá el proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo y el de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
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El dictamen de mayoría, firmado este miércoles en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud, Mujeres y Diversidad y Legislación Penal, con 77 votos afirmativos, 30 negativos y cuatro abstenciones, fue el resultado de un proceso de debate que se inició el pasado 1° de diciembre y que contó con la exposición de 70 especialistas a favor y en contra de la iniciativa. El texto final introdujo una serie de cambios al proyecto del Gobierno, con el objetivo de sumar voluntades entre los indecisos de cara al debate en el recinto y sobre todo en el Senado, donde sufrió el revés en 2018.
Uno de los principales cambios tiene que ver con la objeción de conciencia, uno de los puntos más ríspidos del proyecto. Si bien el texto del despacho de mayoría no habilitó la objeción de conciencia institucional, como reclamaba el sector celeste, se permite que una institución médica pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscriptos como objetores. En la redacción original se obligaba a que al menos un profesional de la nómina estuviera disponible para realizar las prácticas de aborto en caso de que una paciente lo solicitase. Ahora, tras los cambios, la institución podrá negarse pero deberá hacerse cargo de la derivación de las pacientes de forma inmediata y sin dilaciones, a partir de convenios previamente estipulados con otros efectores de salud.
La otra modificación que se introdujo respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene que ver con "la posibilidad de que en el caso de adolescentes de 13 a 16 años, tengan un acompañante o referente afectivo". También, se modificó el artículo 5, donde se sumó un párrafo que indica que el abuso sexual en menores de edad debe ser comunicado de acuerdo al artículo 30 de la ley 26.061 y el artículo 72 del Código Penal que lo reconoce como un delito de instancia pública. Desde el sector "verde" aseguran que tienen los votos suficientes para aprobar la ley en Diputados y confían que tras los cambios pueda sortear también el escollo del Senado, tradicionalmente más conservador. Según el sondeo de Ámbito, hasta el momento, habría 127 diputados a favor, 109 en contra y 19 indefinidos.
El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien en conferencia de prensa este miércoles declinó adelantar su postura en caso de empate, llamó a que el debate se desarrolle "con respeto y sin calificaciones" y que los legisladores puedan votar "sin presiones" y de acuerdo "con su propia convicción". Como sucedió en 2018, se esperan intensas movilizaciones, tanto de las organizaciones a favor de la legalización -que se ubicarán sobre la Avenida Callao-, como de las denominadas "pro-vida" -que lo harán sobre Entre Ríos. Habrá pantallas gigantes para que los militantes puedan seguir la sesión de la Cámara baja y el operativo de seguridad estará a cargo de la Policía de la Ciudad, aunque también habrá presencia de Fuerzas Federales.
Adentro del recinto, la modalidad de la sesión será mixta, aunque con mayor presencia de diputados, quienes fueron sometidos masivamente a un test para detectar coronavirus. Solo estarán exceptuados los mayores de 60 años y quienes tengan alguna enfermedad preexistente que sesionarán en forma remota. Lo mismo sucederá con el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, tras ser contacto estrecho de un caso de Covid-19 positivo.
El proyecto
La iniciativa mantiene el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y dispone que fuera del plazo dispuesto se podrá acceder, a través de las tres causales que establece hoy en día el aborto no punible: si el embarazo fuere resultado de una violación, si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante Además, da un tiempo máximo de 10 días corridos para que la persona gestante acceda a un aborto seguro tras solicitarlo en los servicios de salud. El proyecto también plantea la atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso, así como el acceso a información sobre métodos de anticoncepción.
Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total. El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal para garantizar la despenalización del aborto y las penas que correspondiesen en caso del no cumplimiento de la ley.
Así, despenaliza el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplen las causales correspondientes y establece penas de tres meses a un año e “inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
En tanto, el proyecto también fija una pena de “tres meses a un año” a la persona gestante que, luego de la semana 14 “y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare” y aclara que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible”.
