La violencia ha recrudecido en el litoral de San Pablo, región estratégica para el tráfico de cocaína hacia Europa a través del puerto de Santos. Desde finales de enero, dieciséis personas han muerto en tiroteos con la policía, en el marco de la segunda fase de la operación Escudo. La primera se desató a finales de julio del año pasado, tras el asesinato de un policía militar de San Pablo, Patrick Bastos Reis. Murieron un total de 28 personas. Esta vez, la nueva ola de violencia se desencadenó con el asesinato de otro policía militar, Marcelo Augusto da Silva, abatido el 26 de enero por delincuentes de la región en la autopista de Santos. A partir de ese momento, la situación se agravó tanto que el Secretario de Seguridad Pública del estado de San Pablo decidió la semana pasada trasladar toda su oficina a Santos para controlar la emergencia directamente desde allí. Además, a pesar de las fiestas de carnaval, se ordenó a policías militares de otras ciudades del estado paulista que se desplegaran en el litoral y estuvieran preparados en cualquier momento si la situación se agravara. En la ciudad cercana a Santos, São Vicente, incluso se cancelaron el Carnaval y sus desfiles.
Junto con la violencia, también ha estallado la polémica. Las familias de los civiles muertos por la policía proclaman su inocencia, mientras que para el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, “ha habido graves violaciones de los derechos humanos” y se declaró “preocupado”. El año pasado, fue el ministerio de Silvio Almeida el que había estado en el punto de mira de la polémica por haber pagado un billete de avión para asistir a un evento del ministerio a Luciane Farias, esposa del líder del Comando Vermelho del estado de Amazonas Clemilson dos Santos Farias, conocido como “Tio Patinhas”. La mujer es presidenta del “Instituto Libertad de Amazonas”, el ILA, que afirma actuar como una ONG que defiende los derechos de los presos. Pero, según O Estado de São Paulo está financiada por el CV. La “Dama del narcotráfico” como lo apodó la prensa brasileña fue condenada en segunda instancia a 10 años de prisión por los delitos de blanqueo de dinero, asociación para delinquir y organización criminal. Sin embargo, la mujer recurrió la sentencia y espera el juicio en libertad.
La Defensoría Pública de San Pablo, la ONG Conectas Derechos Humanos, el Instituto Vladimir Herzog y el Foro Brasileño de Seguridad Pública también anunciaron que recurrirán a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que denominaron “ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales”. Sólo en las próximas semanas quedará claro si la violencia que estalló en la baixada santista es un síntoma de una guerra de narcotráfico entre miembros del PCC por controlar uno de los principales centros neurálgicos del país, el puerto de Santos, o si no hay una estrategia criminal detrás de los enfrentamientos.
Mientras tanto, la tensión sigue siendo alta en el centro de San Pablo, donde en la región conocida como ‘Cracolandia’ por el consumo de crack, se han multiplicado los asaltos a comercios de decenas de drogadictos, que los saquean y causan daños por valor de cientos de miles de reales. A pesar de las promesas tanto del gobernador Tarcísio de Freitas como del alcalde Ricardo Nunes, las políticas públicas, como también denuncian las asociaciones de residentes, no han sido capaces de garantizar la seguridad mínima para que el centro sea habitable, ya que se ha convertido en tierra de nadie, especialmente por la noche. Según los datos del panel de seguimiento editado por la Secretaría Municipal de Seguridad Urbana, el número de adictos a las drogas que viven en la zona aumentó un 46,8% en el segundo semestre de 2023 respecto a los seis primeros meses del año anterior, pasando de 393 a 577, más los clientes de los traficantes que, sin embargo, sólo están de paso y no se quedan en la zona.
También se temen tensiones dentro de las prisiones debido a la decisión del Senado, justo antes del Carnaval, de aprobar con carácter de urgencia el proyecto de ley que prohíbe las llamadas “saidinhas”, los permisos de salida masivos, que suelen autorizarse durante fiestas como la Navidad y el Carnaval. El problema es que estos permisos se han hecho tristemente famosos porque muchos presos los aprovechan para fugarse. En diciembre también se concedió ese permiso a delincuentes de alto calibre como dos famosos jefes del narcotráfico de Río de Janeiro, Saulo Cristiano Oliveira Dias, conocido como SL, y Paulo Sérgio Gomes da Silva, conocido como Bin Laden, que no han regresado a prisión y se encuentran actualmente prófugos de la justicia. Se calcula que entre el 4 y el 5% de los presos no han reingresado en el sistema penitenciario tras las vacaciones de Navidad, de un total de unos 60.000 reclusos, mientras que en San Pablo, el porcentaje de presos fugados fue del 4,5%.
Estos permisos fueron creados por la Ley de Ejecución Penal de 1984, con la idea de dar oportunidades de resocialización a los internos en régimen semiabierto y que hayan cumplido al menos una sexta parte de su condena si son primodelincuentes, o una cuarta parte si son reincidentes. A partir de finales de 2019, además, no pueden solicitar el beneficio los condenados por delitos abyectos que hayan causado la muerte de la víctima. Uno de los puntos críticos, sin embargo, sigue siendo el hecho de que la vigilancia fuera de prisión es precaria, cuando no inexistente porque no hay pulseras electrónicas para controlar a todo el mundo y esto facilita claramente las fugas. Además, a lo largo de los años, esta medida ha acabado utilizándose sobre todo como instrumento para atenuar las tensiones en las cárceles y evitar los motines de los presos, que ahora probablemente no aceptarán una revisión del beneficio. El riesgo de que se produzcan motines en las cárceles es, por tanto, elevado y podría contribuir a elevar la alerta de seguridad en todo el país, como señalan algunos técnicos del Ministerio de Justicia que proponen ahora dialogar con el Congreso para mitigar el problema.
La alerta de seguridad también sigue siendo alta en las regiones amazónicas del país y en el Noreste. De hecho, la Amazonia se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de cocaína en Brasil. En la primera semana de febrero, en sólo cinco días, se incautaron cuatro toneladas de droga y también se detuvo a ciudadanos colombianos, lo que demuestra la constante infiltración de grupos criminales extranjeros en la región. “Este año, en menos de dos meses, ya hemos incautado más de siete toneladas de cocaína. Para que se hagan una idea de cuánto ha aumentado el tráfico, piensen que en 2023, durante todo el año, incautamos 28,6 toneladas”, declaró el secretario de Seguridad Pública del estado de Amazonas, Vinícius Almeida.
Según una investigación del sitio de noticias Metrópoles, la mayoría de las operaciones especiales de la Policía Federal en 2023 contra el narcotráfico involucraron al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), 110 operaciones de 335, una tendencia que se espera que se mantenga constante, si no en aumento, este año. Además de estos dos principales grupos criminales con importantes ramificaciones también fuera de Brasil, las facciones del Terceiro Comando, de Rio de Janeiro, el Sindicato, en el estado de Rio Grande do Norte, y Okaida, en el estado de Paraíba, acabaron en el punto de mira de los investigadores. El análisis de Metrópoles también reveló cómo dos estados amazónicos, Acre y Amapá, se enfrentan a una grave crisis de seguridad pública y, por lo tanto, encabezan la lista del mayor número de operaciones policiales. El pasado mes de julio, un motín en el interior de la prisión de máxima seguridad Antônio Amaro Alves, en Rio Branco, capital de Acre, se saldó con cinco muertos, tres de ellos decapitados. El caos fue provocado por la invasión por parte de algunos detenidos del Comando Vermelho del ala de las facciones rivales Donde dos 13 (B13) y PCC.
En cuanto al estado de Amapá, el principal grupo investigado es la facción del Terceiro Comando de Rio de Janeiro, que tiene una filial aquí. Amapá es el estado más violento de Brasil, con una media de 50,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 23,4 muertes (siempre por cada 100.000 habitantes), según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Otro estado crítico es Rio Grande do Norte, que atrae no sólo al crimen organizado brasileño - una facción local llamada Sindicato do Crime opera en la región - sino también a la criminalidad internacional. Su proximidad a Europa gracias a la conexión aérea entre Natal y Lisboa, que es la más rápida de todo Brasil, y la posibilidad de blanquear el producto del narcotráfico en la codiciada costa turística, en particular Praia da Pipa, ha permitido a esta región escalar a lo largo de los años el top ten de los estados dominados por el narcotráfico.
Sin embargo, aún no están claras cuáles serán las directrices del gobierno para hacer frente a este difícil escenario. En la toma de posesión del nuevo ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, a principios de febrero, Lula se limitó a decir que quiere “jugar duro contra el crimen organizado”, pero “humanizar los pequeños delitos”. Todavía, este estancamiento puede costarle caro a Brasil, que probablemente sufrirá mucho el llamado “efecto Ecuador”. De hecho, la línea dura elegida por el presidente Daniel Noboa corre el riesgo de provocar que los cárteles mexicanos se trasladen masivamente al gigante latinoamericano, donde pueden contar con una logística bien organizada, tanto por parte del PCC como de la mafia italiana ‘ndrangheta. Todo esto, además de empeorar la calidad de vida de los ciudadanos brasileños y socavar las instituciones del país, corre el riesgo de comprometer su economía. Según un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional, el alto índice de criminalidad y la violencia alejan a los inversores y hacen perder a Brasil 0,6 puntos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).
