En el último movimiento para despejar el escenario con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de las PASO, Sergio Massa negocia que el mismo organismo le habilite la utilización de un fondo especial para afrontar US$758 millones en concepto de intereses que quedaban pendientes.
El compromiso más fuerte con el organismo se afrontó el lunes, cuando vencían casi US$2700 millones que luego el ministro de Economía confirmó que se cubrirían con un préstamo de US$1000 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y yuanes provenientes del swap con China. Para eso, se autorizó el segundo tramo de US$5000 millones del acuerdo pactado con el gigante asiático.
Pero a principios de agosto también vencían US$758 millones -de acuerdo a las cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso-, que el Gobierno se dispone a pagar el próximo viernes. Para conseguir ese monto, Massa negocia que el FMI le preste dinero de un “fondo especial”. Dicho de otro modo, busca que el organismo le dé DEGs (la moneda del FMI) para cubrir los compromisos previstos con el mismo ente multilateral de crédito.
De esta manera, el objetivo es liberar las obligaciones con el FMI en medio del escenario electoral y paralelamente aguardar a que llegue el desembolso de US$7500 millones cuando el directorio ejecutivo del organismo lo habilite, probablemente para fines de agosto, con las primarias ya realizadas. Pasadas las elecciones generales, en noviembre, el FMI gatillaría otra parte y recién allí se volverían a revisar las metas del acuerdo.
“El programa tiene dos momentos de desembolso: uno en agosto, la tercera semana; otro en noviembre; la primera semana”, explicó Massa previo a la publicación del acuerdo técnico, el pasado viernes.
El acuerdo sellado entre el Gobierno y el Fondo tiene algunas particularidades: en primer lugar, redujo la meta de acumulación de reservas de US$8000 millones a US$1000 millones para fin de año -hay que tener en cuenta que las reservas netas permanecen en terreno negativo por unos US$7500 millones-, y mantiene la de déficit de 1,9% del PBI para 2023.
Si bien la pauta sobre el déficit no tiene modificaciones, ese objetivo significará un mayor ajuste en las partidas presupuestarias para la segunda mitad del año, lo cual dificulta aún más los planes del Gobierno para el último tramo de la campaña electoral. Este endurecimiento fiscal mencionado, sostuvo el Fondo, está respaldado en una serie de medidas sobre los ingresos y los gastos ya acordadas con el Ejecutivo. En primera instancia, se extendió el Impuesto PAÍS sobre las importaciones de bienes y servicios, y se lanzó el nuevo “dólar agro” para incentivar la liquidación de exportaciones.
Pero por el lado de los gastos, el organismo hizo referencia a tres medidas: contener el crecimiento de la masa salarial, actualizar las tarifas de energía “para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, mientras se mejora la progresividad del sistema” y fortalecer los controles sobre la asistencia social -en instancias anteriores se avanzó en las auditorías sobre la entrega del programa Potenciar Trabajo, por ejemplo- y las transferencias corrientes tanto para las provincias como para las empresas estatales.
El FMI también permitió la intervención sobre el mercado de los dólares financieros de manera de evitar un salto brusco en el tipo de cambio en los próximos meses y aunque destacó las últimas medidas de Economía, se esperan más disposiciones oficiales para “continuar asegurando que las tasas de política se mantengan suficientemente positivas en términos reales”.
