Acuerdo con el FMI: recorte fiscal de este año sería de USD 4.200 millones

Con el núcleo del programa financiero ya acordado, el Gobierno deberá avanzar hacia las primeras metas exigibles acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La primera parada será apenas dentro de unas semanas, cuando tenga lugar la primera revisión trimestral del calendario.

Esa primera evaluación, muy preliminar dado que el consenso técnico acaba de ser alcanzado, tendrá en consideración metas de tipo fiscales, de financiamiento monetario y de reservas en el Banco Central.

Para poner en números: en 2022 el Gobierno deberá, según la hoja de ruta oficializada el viernes, bajar el déficit de cerca del 3% del PBI a 2,5%, es decir un ajuste de 0,5 puntos del Producto. A pesos y tamaño del PBI de hoy, esto implicaría unos $235.000 millones.

La cuenta no es lineal ya que la nominalidad en pesos al finalizar este año será distinta a la de la actualidad por el efecto inflacionario. No está claro, por el momento, cómo deberían ser las metas trimestrales para ese 2,5% final que se pretende para este año.

También habrá objetivos exigibles por parte del Fondo Monetario para el tamaño de la asistencia del Banco Central al Tesoro en forma de emisión monetaria. Mientras en 2021 fue del 3,7% del PBI; en 2022 se apunta a que sea del 1%, un recorte pronunciado de partidas.

Lo que no se aclaró por el momento -y estará sujeto a la versión final del memorandum entre las partes- es si esa reducción incluirá adelantos transitorios y giros de utilidades en conjunto o solo uno de ellos. Esto no implicará que deje de haber asistencia del BCRA a Economía, sino que dejará de ser “sistemática”, indicó el ministro de Economía Martín Guzmán.

Más allá de que las metas sean plurianuales, este 2022 ya tendrá desafíos macroeconómicos por delante. Además de esos 2,7 puntos del PBI de caída en la asistencia desde el Banco Central, el recorte del rojo en las cuentas públicas debería ser, para algunos analistas, superior a los 0,5 puntos, ya que por ejemplo, este año el Tesoro no contará con el aporte extraordinario de las grandes fortunas.

De esa manera, quitando esa variable de la cuenta fiscal, la poda debería ser de 1 punto del Producto Bruto. Las críticas a la viabilidad de esa meta fiscal no provinieron, por el momento, tanto del arco político opositor, sino del propio oficialismo. La tensión interna por el resultado de las elecciones se hizo evidente -desde el momento del anuncio del consenso técnico- a través del silencio de radio casi total del ala frentetodista que lidera Cristina Kirchner.

El propio Guzmán no pudo responder en conferencia de prensa si la vicepresidenta estaba de acuerdo con las conclusiones de las negociaciones, y se limitó a decir que cada postura quedará plasmada en el tratamiento parlamentario.

Uno de los críticos es Claudio Lozano, integrante del directorio del Banco Nación y dirigente de Unidad Popular Nacional, uno de los partidos que integran la coalición oficialista. El economista y ex diputado criticó la negociación con el Fondo mientras sucedían las conversaciones y luego cuestionó el acuerdo en sí, al considerarlo “de ajuste”, una interpretación que Guzmán negó en reiteradas ocasiones, más como un mensaje hacia adentro que hacia afuera.

“El acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8.920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4.200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentó en el Parlamento y que no fue aprobado”, cuestionó Lozano en una carta pública.

“Corresponde agregar que hasta hace pocas semanas el ministro Guzmán sostenía que la discusión con el FMI era que mientras el organismo quería déficit 0 en 2024, Argentina para no ahogar la recuperación económica, proponía esa meta para 2027. Lo que se acordó (déficit 0 en 2025) parece acercarse más a la posición del FMI”, mencionó el director del Banco Nación, en una dura crítica al ministro de Economía.

Por su parte, informes de consultoras privadas plantearon qué dudas genera el sendero fiscal y de asistencia monetaria en los próximos años. Para Ecolatina, “en el plano fiscal resulta claro que la apuesta consiste en que gran parte de la consolidación fiscal se haga por la ‘vía del crecimiento’: un gasto que no crece en términos reales implica, siempre que la actividad crezca, una reducción de éste en términos del PIB”.

“Sin embargo, resta ver la forma en la cual esto se puede lograr: por caso, si los gastos ajustables por movilidad crecen en términos reales (lo que puede ocurrir si la nominalidad se proyecta a la baja, dado que las jubilaciones, pensiones y asignaciones ajustarán por la inflación pasada), el resto del gasto (subsidios, bienes y servicios, gasto de capital) debería crecer por debajo”, continuó la consultora fundada por Roberto Lavagna.

“Asimismo, los lineamientos anunciados redundan en que será también necesario poner un foco especial en la estrategia financiera: en 2021 un programa financiero con un déficit primario de 3% del PIB cerró con casi 4 puntos de emisión monetaria, y en 2022 el programa deberá cerrar con un déficit apenas levemente menor (2,5% del PIB) pero con 3 puntos menos de emisión”, consideraron.

“Si bien el Ministro de Economía afirmó que otros organismos podrían aportar casi 1 punto del producto, la meta no solo luce difícil sino que tan sólo explica menos de la mitad del ‘gap’ resultante. Mayores precisiones serán necesarias en este aspecto para que la meta de reducción del financiamiento monetario del déficit sea creíble y efectivamente pueda anclar expectativas inflacionarias y devaluatorias”, concluyeron.

Por su parte, LCG mencionó que “en concreto el acuerdo pasa por un ajuste fiscal que llevaría al déficit primario de 2,5% en 2022 a 0,9% en 2024, un esfuerzo relativamente leve más aún cuando el Ministro ya anticipó que lo logrará con algún tipo de reforma fiscal (posiblemente una suba de impuestos) y reorientación del gasto (presumiblemente mediante una reducción del gasto en subsidios a la energía)”, explicaron en un informe publicado el viernes.

“Sin embargo, el segundo punto del acuerdo deja en dudas la capacidad de financiamiento del déficit. De ahí la necesidad de apuntar a tener una estructura de tasas de interés reales positivas, algo difícil en un contexto de expectativas de inflación volátiles donde se insiste en controles de precios y donde las reservas deberían crecer en USD 5.000 millones, algo que difícilmente se logre con atraso cambiario, sino con lo contrario, una corrección (incluso con controles cambiarios) que impacte en los precios”, completaron.

El Gobierno y el FMI deberán embarcarse en las próximas semanas en nuevas negociaciones para terminar de definir la letra chica del acuerdo técnico. Con esa letra chica terminará por diseñarse el memorandum de entendimiento final que deberá ser tratado por el Congreso y por el directorio del organismo. Los tiempos del Ministerio de Economía hablan de que todo ese proceso tendría que finalizar antes de fines de marzo.

Respecto al gasto público, aún no hubo detalles sobre cómo debería estar compuesto el gasto público o qué magnitud tendrá la inversión pública, por ejemplo, en obras públicas. El FMI habló en su comunicado de que el consenso “permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados.

Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”, mencionó el organismo en su comunicado. Este domingo el FMI insistió en ese punto, respecto a las subvenciones a las boletas de servicios públicos, que este año prevén un aumento nominal de 20%, algo que no terminaría de hacer que esa cuenta se reduzca en términos reales en el peso presupuestario.

“Estuvimos de acuerdo en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”, escribió este domingo en su cuenta de Twitter la segunda de Kristalina Georgieva y ex economista jefa Gita Gopinath.

Otro aspecto que tocó Guzmán al hablar de las metas fiscales fue que el Gobierno buscará mejorar la administración tributaria, aunque no dio detalles de qué tipo de iniciativas podría incluir, entre ellas aumentos de impuestos. Sí dijo que buscará reducir la evasión “especialmente en el segmento de mayor contribución y disponer medidas para atacar el lavado de dinero”, comentó.