Las empresas prestadoras de servicios de medicina privada darán marcha atrás con su intención de cobrar un 9% de copago a los beneficiarios de prepagas y obras sociales. Así lo comunicó la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) luego de que sus representantes fueran recibidos por autoridades del ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud de la Nación, con el objetivo de buscar una solución a la problemática del sector planteada en las últimas horas.
“Las autoridades nacionales ratificaron a los representantes de la FAPS la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1º de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección”, dijo la organización en un comunicado.
“Por lo tanto, la FAPS informa que deja sin efecto la implementación del copago para los pacientes de las citadas instituciones a partir del 1 de enero del 2022. Los representantes de la FAPS informaron una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”, agregaron.
De esa manera, finalmente, los beneficiarios de planes de medicina prepaga y obras sociales no deberán pagar un 9% del valor de cada prestación, como se había anunciado para el 1° de enero en adelante.
El conflicto comenzó cuando las empresas de medicina prepaga informaron a sus prestadores que no podrían afrontar los incrementos en los aranceles de las prestaciones. Sin embargo, desde la Superintendencia de Servicios de Salud advirtieron la vigencia de la Resolución N° 2125/21 que estableció que los agentes del seguro de salud y las empresas de medicina prepaga debían incrementar los aranceles de las prestaciones un 9% a partir de enero de 2022.
Los otros aumentos aplicados fueron 9% a partir de agosto de 2021, 9% en septiembre, 9% en octubre y 9% a partir de enero de 2022, siempre sobre los valores vigentes al mes anterior. Esta tarde, las empresas del sector mantendrán una reunión para definir una posición conjunta frente a la decisión que el Gobierno transmitió a los prestadores.
“Lo que se ha decidido es aplicar lo que formaba parte de la resolución de incremento de las cuotas que establecía que ese porcentaje debía ser transmitido a los aranceles y es lo que se va a cumplir. Pero está faltando dinero dentro del sistema porque desde diciembre de 2019 a diciembre de 2021 el incremento inflacionario fue cercano al 100% y en ese mismo período la cuota se ajustó menos del 60%. Hay un desfasaje que no está corregido. El sistema esta teniendo problemas de financiamiento”, alertó Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada (Cempra).
“Vamos a ver si hay algún ajuste en la cuota, de modo que el sistema pueda recuperar la solvencia que en este momento no lo tiene. Esto está resintiendo también las prestaciones que se dan. Hay un costo de los medicamentos que se han incrementado de un 20% del gasto prestacional hace cuatro años a un 34% del gasto. En tanto, se siguen incorporando coberturas que no tienen previsto un financiamiento. Estamos planteando que las cuotas se deben ajustar con automaticidad, acompañando la inflación y revisar el PMO (programa médico obligatorio) para establecer un menu de atención que esté relacionado con los ingresos”, agregó Lilloy.
Otras fuentes del sector, además, advirtieron que en febrero hay una revisión del acuerdo paritario para los trabajadores del sector, que estiman estará por encima del 10%, lo que generará un nuevo conflicto. “Si el Gobierno no busca una solución de fondo, la situación va a ser terminal. Tenemos que cumplir con lo dispuesto por la Superintendencia y asumir esos costos sin los recursos”, explicaron.
