El Gobierno presiona a empresas para que acepten congelamiento de precios

En principio, será a las 18:30, aunque podría adelantarse a las 18 o posponerse hasta las 19 horas la hora en que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, recibirá a empresarios del sector de consumo masivo y de supermercados para establecer un listado de bienes cuyos precios serán congelados hasta el 7 de enero.

Así lo anunció la semana pasada el funcionario, advirtiendo que si las empresas no se avienen voluntariamente al congelamiento, lo impondrá el Gobierno, recurriendo a la “Ley de Abastecimiento”. El miércoles, Feletti les dijo que debían presentar una lista de 1.247 bienes, cuyos precios se retrotraerán al 1 de octubre y serán congelados en esos niveles hasta el 7 de enero, el día después de Reyes de 2022.

El Ejecutivo espera que las empresas presenten una postura común sobre cómo implementar la medida, y a su vez éstas quieren saber con precisión si habrá una normativa que determine el congelamiento o este será “de palabra”.

La recepción del anuncio que hizo Feletti, secundado por la exministra de Producción, Débora Giorgi (ambos fueron funcionarios en la segunda presidencia de Cristina Kirchner y entre 2015 y 2019 integraron el gobierno municipal de La Matanza) fue distinta entre supermercados y fabricantes de alimentos y artículos de limpieza e higiene.

Los supermercados se inclinan por acompañar, pero las fábricas advierten, en público y en privado, los efectos negativos que tendría para ellas un nuevo congelamiento, como el que se aplicó sobre mediante el programa Precios Máximos.

Por eso, dejaron saber que quieren conocer el contexto del nuevo anuncio, para decidir su postura. Para unificar posiciones, este lunes, antes de ver a Feletti, se reunirá la cúpula de la Coordinadora de industrias de Productos Alimenticios (Copal), la central empresaria de la que surgió el actual presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Quiénes van

A la reunión con Feletti, como al encuentro del miércoles pasado, asistirán directivos de Diarco, Maxiconsumo, Vital, La Anónima, Coto, Día, Changomás y Carrefour. También irán dirigentes de Copal y directivos de empresas alimenticias como Swift, Alicorp, Ledesma, Sancor, Prodea, Ilolay, Danone, Cabrales, Coca Cola, Unilever, Fecovita y Saraco.

El anuncio del miércoles pasado fue muy poco específico. La cuestión central es el nivel de obligatoriedad del congelamiento. No es lo mismo uno “de palabra” que uno en el que medie un decreto, como el programa Precios Máximos, que fijó los valores de miles de productos con una resolución que se fue extendiendo y que esgrimió como fundamento la crisis sanitaria por la pandemia.

Una pandemia que el Gobierno, después de la derrota en las PASO, de hecho consideró superada. Durante el fin de semana los ejecutivos especulaban que el nuevo congelamiento sería una especie de término medio entre Precios Cuidados, un programa voluntario en el que las empresas presentan una lista con precios acordados con el Gobierno, y Precios Máximos, que era de cumplimiento obligatorio y por norma de Comercio Interior.

De hecho, el anuncio de un nuevo congelamiento tomó desprevenidas a las empresas, que mantenían con Paula Español, la antecesora de Feletti, conversaciones para actualizar con un porcentaje menor al 5% los 700 productos de la lista de Precios Cuidados. Para los empresarios de consumo masivo, si Feletti decidiera completar una lista de 1.250 productos en un marco voluntario, no estaría tan mal, dado el actual contexto.

El planteo que realizarán los fabricantes de alimentos adheridos a la Copal y las de limpieza e higiene personal es incluir en la lista de bienes cuyos precios quedarán congelados los ítems que ya son parte del programa Precios Cuidados y los de Súper Cerca (654 y 70, respectivamente) y después negociar individualmente qué otros artículos sumar hasta llegar al número que dijo Feletti.

Mostrar autoridad

Lo que no gustó nada fue que funcionario amenazara con aplicar la Ley de Abastecimiento. “No descarto que quieran usarla y además ejemplificar con sanciones por incumplimientos para mostrar autoridad”, dijeron en una alimenticia, tanto desde la secretaría de Comercio hubo silencio de radio.

“Evidentemente si no se llega un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”, dijo Feletti en una entrevista posterior a la reunión con los empresarios. “Me tomo como plazo el lunes para que en una u otra dirección cerrar, pero esto no puede seguir. Se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se lleva puesto al salario, no aguanta ni la paritaria”, subrayó.

Sucedió además, que 24 horas después de la reunión se conoció el dato del Indec de inflación de septiembre: 3,5%, que rompió la tendencia descendente de los meses previos, acumuló 52,5% en 12 meses, volvió a quebrar la barrera del 3% mensual y fijó una inercia de al menos otro 3% más de aumento durante octubre. De ahí que Feletti quiera, además de congelar, retrotraer algunos precios.

“Las grandes alimenticias podemos tener espalda para bancárnosla, pero a los pequeños y medianos los mata”, dijo a Infobae una fuente que estuvo en la reunión con Feletti y Giorgi, en la que los funcionarios invocaron el objetivo de evitar un deterioro del salario en lo que resta del año. En sus declaraciones posteriores Feletti habló de “tres meses de felicidad”.

La ley de Abastecimiento (20.684), sancionada por el gobierno peronista en junio de 1974 (y enmendada en 2014, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante la ley 26.991) no logró evitar que un año después se produjera el mayor descalabro inflacionario hasta entonces, el “rodrigazo” de junio de 1975.

Al cabo de meses de escasez y mercado negro de una amplia variedad de bienes, desde azúcar hasta aceite y fideos. Fue también el golpe de gracia al “Pacto Social” y los congelamientos que había iniciado el ministro de Economía, José Ber Gelbard, durante el gobierno de Héctor Cámpora, quien renunció al cabo de 49 días de mandato por orden del propio Perón.

La madre del borrego

El nuevo congelamiento o acuerdo de precios con el que el Gobierno quiere exorcizar la inflación (Damián di Pace, director de Focus Market, contabilizó 18 acuerdos de precio vigentes, con los resultados a la vista) abreva en la teoría de la “codicia” empresaria y olvida por completo las cuestiones fiscales y monetarias.

Al respecto, un reciente informe del Ieral, del economista Jorge Vasconcelos, señaló que si la inflación se debiera a las ganancias empresarias, la Argentina debería viviría un proceso de deflación, como ocurrió con los resultados y las valuaciones de las empresas. El motor del aumento de precios, señaló el estudio, son la políticas fiscal y monetaria.

Al respecto, Vasconcelos señaló que entre el primer y el segundo semestre de este año la emisión monetaria de origen fiscal más los intereses por la deuda remunerada del BCRA pasó de un promedio de $ 137.000 millones por mes en el primer semestre a $ 354.000 millones por mes en lo que va del segundo semestre, un aumento de 160% en la oferta de combustible inflacionario, presente y futuro.

Además, el sábado, Funes de Rioja recordó: “ya tuvimos un congelamiento desde marzo de 2020 y tenemos una inflación del 50%”. Y señaló además que “los alimentos procesados no tienen las mismas pautas que los alimentos frescos: carnes, verduras, frutas”.

Los alimentos procesados, dijo, subieron mucho menos que los frescos, y cuando empezó el descongelamiento de Precios Máximos se inició un cronograma para “ir recuperando el impacto del aumento de los insumos nacionales e importados, que se agravó, porque el post Covid trae novedades en costos de energía y fletes internacionales, que aumentaron hasta el 800 por ciento”.

El titular de la UIA dijo que “las políticas de congelamiento no se justifican” y recordó, enfático: “lo hemos dicho una y mil veces: no somos la causa sino la consecuencia de la inflación”.