La situación entre el Gobierno y los acreedores está partida en tres: muy cerca del grupo de Fintech y Gramercy, a mitad de camino con los Exchange Bondholders y, todavía, muy lejos del comité liderado por BlackRock. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que un potencial acuerdo con el comité de Fintech, Gramercy, Greylock y Hans Humes “está más cerca, pero falta” para sellarlo. Desde un principio, este grupo exhibió una postura más dialoguista y días atrás dijeron que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, ya que la diferencia en el valor nominal de su oferta y la del Gobierno era mínima. De hecho, la semana pasada se sorprendieron por la ruptura del diálogo cuando afirmaban estar muy cerca.
Al respecto, precisaron que estaban dispuestos a aceptar el valor de 49,9 dólares más el cupón presentado por el equipo de Martín Guzmán. Pero hoy al mediodía aclararon que, pese a los trascendidos, todavía no llegaron a un acuerdo. En el caso de los Exchange Bondholders, que tienen bonos del canje 2005, las fuentes oficiales indicaron que están a mitad de camino, entre Fintech y Blackrock, pero aclararon que el diálogo con este comité que lidera Monarch Capital “va avanzando”. El abogado de este grupo es Dennis Hranitzky, ex representante legal del fondo buitre de Paul Singer ante la Argentina en el juicio que el gobierno perdió en 2014. Hranitzky le advirtió en aquel entonces a importantes funcionarios que haría “todo lo posible” para que paguen, incluyendo investigaciones sobre su patrimonio y ahora habría repetido esta táctica, según fuentes allegadas a la negociación.
En el mercado precisaron que la diferencia entre los Exchange Bondholders y Economía es de 5 dólares, más determinar cuál es la valuación precisa del “endulzante”, o valor de recuperación, es decir, el cupón ligado al PBI o a las exportaciones. “Economía no explicó cómo se valúa ese título y por lo tanto los bonistas no saben qué les agrega”, explicó un economista al tanto de las negociaciones. Además, en el caso del cupón ligado al PBI, hay varios juicios en Nueva York a raíz de la manipulación de las estadísticas de crecimiento registradas durante el kirchnerismo a partir de 2007. Y el ligado a las exportaciones les resulta “demasiado exótico” como lo definieron desde Nueva York.
¿Cuál es la situación con el comité Ad Hoc, liderado por BlackRock? El ministro Guzmán ratificó que es con quien más lejos están en términos de un potencial acuerdo y la duda es si Economía no quiere avanzar sin ellos, en una estrategia de “canjes parciales”. Eso es lo que le habría transmitido el ministro al presidente Alberto Fernández y que generó los rumores horas atrás en el mercado sobre un potencial anuncio por parte del jefe del Estado. ¿Cuál es la desventaja de este camino?: no se alcanzaría la mayoría para salir del default y el país se expone a que, quienes no acepten el canje, aceleren la deuda -quieran cobrarla ya- y no se llegue a las mayorías requeridas por las cláusulas de acción colectiva (CACs) introducidas en los canjes previos del país.
De hecho, calificadas fuentes del mercado afirman que el fondo que lidera Larry Fink está más cerca de apelar a este camino (y a presentar una demanda judicial) que hace una semana atrás. El ministro explicó que la brecha con BlackRock es más legal que financiera. En realidad, ambos factores son complementarios: hay una diferencia importante en el valor nominal de ambas ofertas y, además, el fondo más poderoso de Wall Street y, con más énfasis, su socio, Ashmore, quieren que les otorguen la misma inmunidad legal a los bonos del 2016 que a los del 2005. Allí surgen dos preguntas: ¿por qué este grupo presentó esta exigencia recién cuando parecía que las partes estaban más cerca de un acuerdo y no al principio? y ¿cuán importante es para este comité esa cláusula como para insistir hasta el final con este tema y no llegar a un acuerdo?
Ambas preguntas tienen una respuesta entrelazada, según fuentes de uno de los fondos que integran este comité. BlackRock -como varios otros fondos- ya no quieren negociar con Guzmán y afirman que el ministro (y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos) diseñaron una estrategia de “reasignación” de bonos que desprotege los derechos legales de los tenedores. “La garantía para evitar esto es el indenture del 2005, para evitar la estrategia Pac Man diseñada por Economía, que quiere aprovecharse de la ley, no respetarla”, explicó la fuente desde Nueva York. “Esa decisión de Argentina introduce un antecedente muy complicado para cualquier otra reestructuración, no solo referida a las CACs”, afirmó la fuente. Por lo tanto, ¿qué pide el fondo de Larry Fink?: que se vaya marcha atrás con el mecanismo de reasignación, que se reintroduzca la cláusula del Pari Passu en su versión más amplia y que se amplíen los bienes potencialmente embargables en caso de que el deudor no cumpla con sus obligaciones.
“Si un gobierno utiliza una cláusula que se diseñó para evitar holdouts con un fin poco transparente, la respuesta es que queremos más protección legal. Este acuerdo que se firme ahora no lo va a pagar Guzmán, lo va a pagar la Argentina a lo largo de muchos años, después de un gobierno que intenta expropiar una empresa y en el medio de una salida de inversores por las medidas que se están adoptando”, detalló la fuente ligada a BlackRock. Esto, aclaran, se traduce en un valor mayor de la oferta que el que pretende ofrecer la Argentina. Sin decirlo, admiten que, si el Gobierno ofreciera un valor nominal bastante mayor que los 50 que puso sobre la mesa la última vez, tal vez sacarían de la discusión todas estas exigencias que, saben, son muy difíciles de conceder por parte del deudor. Y que, además, posiblemente no le hagan nada de gracia ni al Tesoro de los Estados Unidos ni al Fondo Monetario Internacional (FMI), que se empeñaron mucho en blindar las reestructuraciones soberanas luego de los defaults de fines de los 90 y principios de este siglo, sobre todo con el caso argentino.
Sobre todo, parece improbable que el Gobierno permita habilitar una vía que, en el futuro, les permita a los acreedores que un juez inteprete la cláusula Pari Passu como Thomas Griesa, cuando sentenció que la Argentina no podía seguir pagándole a quienes ingresaron en los canjes 2005 y 2010 hasta que no saldara su pago con los fondos buitre. Tampoco parece posible que el Gobierno acepte ampliar la lista de activos embargables, cediendo inmunidad diplomática, luego de los antecedentes de la dura batalla legal que se llevó adelante hasta 2016. Sin embargo, BlackRock y Ashmore ya parecen decididos: si no hay acercamiento, jugarán a fondo. Y es difícil pensar que los otros fondos importantes involucrados en esta negociación harán algo diferente a lo que pretenden hacer los jugadores más fuertes. Entre otros motivos, porque el ministro, en vez de dividirlos, por ahora logró cohesionarlos más que antes.
En tanto, en la red Twitter, el ex negociador Marcelo Blanco dijo que la “clave del acuerdo es alcanzar mayorías de CACs. El gobierno preocupado por el límite de US$49.9. Propongo que el gobierno paga un fee upfront 2%, solo si se alcanzan mayorías. Acreedores, a cambio, se comprometen financiar ese pago con un bono 10 años al 2% si Argentina rinde menos de 9 por ciento”. Lejos de aquel mundo apocalíptico plagado de cesaciones de pago en los países emergentes que presagiaron Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs y el propio Guzmán, la liquidez es lo que sobra. Y, por esta razón, los expertos le piden al Gobierno que aproveche el contexto para cerrar el acuerdo y dejar atrás el default que comenzó el 22 de mayo y que va a camino a profundizarse en las próximas semanas.
