Peocupados por la fuerte caída en la producción de gas, que podría derivar en más importaciones de GNL y combustibles líquidos para el invierno que viene, el Ministerio de Desarrollo Productivo se prepara para anunciar un nuevo programa de estímulo, que generaría mayores inversiones en los pozos gasíferos. Se trata de una iniciativa que el Gobierno tiene en carpeta desde comienzo de año, pero que recién ahora podrá implementar por las complicaciones que generó la pandemia. El programa, al que llamarían Plan Gas 4.0, tendría también como objetivos disminuir el costo fiscal y ayudar a mantener una balanza energética superavitaria.
"Como ahora está todo parado en gas, si no hacemos algo pronto se nos va a complicar . Queremos que los productores tengan asegurada una demanda de largo plazo a un precio razonable que les permita realizar inversiones. Puede tener un costo fiscal, pero después remunerará en menores importaciones y salidas de divisas", explicaron en el Gobierno. En principio, podría tratarse de un programa por cuatro años, que comenzaría en agosto, y permitiría generar certidumbre en un tiempo razonable y dentro del mismo mandato del Gobierno. En el Ministerio de Desarrollo Productivo tampoco descartan que el programa se cierre a través de un acuerdo entre productores, distribuidoras y Cammesa, la empresa con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica.
El precio de incentivo podría ser un monto fijo de US$3,50 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) o un valor más alto al comienzo, que disminuye en el tiempo. La explicación detrás de esta última opción es que hay muchas empresas que arrancarían con los pozos de cero, y necesitan un mayor ingreso al inicio hasta disminuir los costos. Hoy, las tarifas de distribución representan un precio de US$2,66, que está por debajo del costo de producción, según coinciden las empresas petroleras.
La Secretaría de Energía luego definirá el precio que se trasladará a tarifas. De ser inferior al precio de incentivo, el diferencial quedará a cargo del Estado a través de subsidios. A su vez, se le abonará a cada productor la brecha entre el precio facturado y el precio incentivo. Los productores que accedan al beneficio deber sostener la producción y aquellos que la aumente, tendrán prioridad de asignación. El programa ya fue presentado a los productores y a las provincias y, según coinciden todos los actores, hubo un mayor consenso que cuando se intentó implementar el barril criollo para el incentivo a la producción de petróleo. En este caso, se trata de una política en la cual todos ganan: el Estado invierte en subsidios ahora para no tener que comprar más caro luego con importaciones y perder divisas; las productoras vuelven a producir con precios que cubran sus costos, y las provincias se benefician con la mayor actividad hidrocarburífera.
De esta forma, se llevaría adelante el quinto programa de estímulos a la producción en los últimos 10 años, luego de los primeros tres plan gas que implementaron en su momento el ministro de Economía Axel Kicillof y luego el ministro de Energía Juan José Aranguren. El último programa de estímulo fue la resolución 46, que todavía está vigente y vence dentro de un año y medio. Otro de los detalles que faltan arreglar sería como empalmar un programa con el otro. En relación con las tarifas, en el Ministerio de Desarrollo Productivo indican que "el panorama no da para aumentar hoy y se verá en unos meses". Hasta fin de mes rige todavía la ley de Solidaridad, que fijó las boletas por 180 días. Las tarifas de gas no se actualizan desde abril del año pasado.
