El Poder Ejecutivo removió a Pedro Biscay del cargo de director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para el cual había sido designado en 2014, “por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
A través de un Decreto 571/2017, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la remoción del director del Banco Central Pedro Biscay, que fue decidida por “afirmaciones (...) que ponen en riesgo los objetivos establecidos” en la Carta Orgánica del Banco Central, “particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas”.
En los considerandos del Decreto, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, expresa que “no se trata en el caso de su supuesto de afectación de la libertad de expresión (...), pues con tal criterio se podría sostener que también deberían violarse los secretos de Estado o publicarse elementos de la vida privada de las personas -protegidos por las normas constitucionales- o dejarse de lado la reserva que impone la responsabilidad del desempeño de determinados cargos”.
"La primera reflexión que tengo para hacer es que quedó de forma muy contundente y clara que el gobierno nacional y el presidente del Banco Central [Federico Sturzenegger] no guardan ningún criterio de independencia y no están cómodos con que en el Directorio existan voces críticas que reflejen la pluralidad de criterios que establece la Carta Orgánica del Banco Central", sostuvo.
En diálogo con el canal C5N, Biscay explicó que "el Directorio [del BCRA] es un cuerpo colegiado, integrado por diez miembros que tienen que velar por la estabilidad económica, financiera, cambiaria y por el desarrollo económico con inclusión social" y dijo que "eso exige tener diversidad de miradas".
Según Biscay, los directores del BCRA tienen que "poder defender públicamente esa diversidad y salvaguardar las opiniones en público porque también hace al deber de la Carta Orgánica rendir cuentas frente al conjunto de la sociedad".
"Estamos viendo un ataque claro a la libertad de pensamiento y de opinión que están expresamente protegidas en los tratados internacionales de derechos humanos y en la legislación argentina desde que en nuestra Constitución se establece el derecho de publicar las ideas por la prensa", planteó Biscay, quien es abogado especializado en Derecho Penal (Universidad de Buenos Aires).
"El decreto que han emitido refleja de forma contundente que no hay motivo legal ni constitucional para prohibirle a un director [del BCRA] hablar públicamente sobre cuestiones técnicas de la política económica", añadió.