Luego de que diputados oficialistas no den el quorum para tratar mejoras en los ingresos jubilatorios, grupos de jubilados se convocaron nuevamente frente al Congreso con el fin de reclamar un aumento en sus haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y una alternativa a la moratoria previsional, que venció en marzo de este año. Se encontraron allí con un masivo operativo de fuerzas federales, que volvió a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma.
Como sucede todos los miércoles, el operativo de fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal) se adelantó a la llegada de manifestantes y desplegó un operativo que limitó el tránsito vehicular en las inmediaciones de Congreso de la Nación. Una vez que los jubilados y quienes los acompañan comenzaron con sus acciones de protesta (levantan carteles cuando el semáforo detiene el paso o buscan concretar una vuelta a la manzana del Palacio Legislativo), los efectivos comenzaron a empujarlos con sus escudos sobre la vereda y contra las paredes, bajo el pretexto de estar aplicando el protocolo antipiquetes.
En torno a las 15:30 horas, la tensión recrudeció cuando miembros de Gendarmería buscaron evitar que un grupo de manifestantes referenciados con la UTEP buscó cruzar de la Plaza del Congreso hacia la vereda del Palacio Legislativo.
La jubilación mínima actual es de $296.396, mientras que la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM) -que les corresponde a quienes no llegan a los 35 años de aporte- alcanza los $237.116 y la Pensión No Contributiva es de $207.477. Existe un bono adicional de $70.000, que no se actualiza desde la gestión de Alberto Fernández. El pasado marzo del 2025, venció la moratoria previsional que permitía que accedan a una remuneración aquellos trabajadores que cumplieron la edad jubilatoria pero no llegaron a los 35 años de aportes.
Diputados: cayó la sesión para subir las jubilaciones
Por cinco ausencias, fracasó la sesión especial convocada por la oposición para avanzar con proyectos previsionales. Miembros de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda se aprestaban a avanzar con un paquete de proyectos que apuntaban a incrementar los ingresos, con la actualización de haberes jubilatorios y el bono de $70.000 (congelado desde el marzo 2024); una alternativa o prórroga de la moratoria previsional que cayó en marzo de este año, y la recomposición de la deuda de las cajas previsionales de las provincias.
Lo cierto es que por un puñado de ausencias opositoras, el quorum fracasó. Hubo faltazos en prácticamente todos los bloques que impulsaban la sesión. Por caso, en Unión por la Patria se ausentaron (como suele ocurrir cuando se debaten leyes que incomodan al gobierno de Javier Milei) los diputados que responden a los gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero. Encuentro Federal también tuvo ausencias por parte de los tres diputados de Córdoba que responden a Martín Llaryora. Tampoco se sentó el chubutense que Jorge Ávila. En Democracia para Siempre también hubo dos ausencias. Y en el FIT, por cuestiones de salud, tampoco estuvo Vilma Ripoll.
A estas ausencias hay que sumarle que, el día previo a la sesión, la UCR de Rodrigo de Loredo (salvo Julio Cobos, que dio quorum), se comprometió a no habilitar la sesión, pese a que fue esa bancada la gran impulsora del debate en comisión de los proyectos previsionales, cuando la moratoria perdió vigencia. Los bloques oficialistas se ausentaron de forma unánime.
La Iglesia pidió que pare la represión en las marchas de los miércoles
La Comisión Nacional de Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Pastoral Social lanzaron un comunicado conjunto para apoyar el reclamo de los jubilados por mejorar sus haberes y repudiaron la represión policial sobre los manifestantes que protestan por esta causa todos los miércoles. En ese sentido, enfatizaron que "el inicio de un diálogo es siempre la mejor respuesta ante un reclamo".
A su vez, respecto al avance policial sobre las manifestaciones de los miércoles, que ya se volvió habitual, ambas comisiones dejaron en claro que apoyan "el legítimo reclamo de nuestros abuelos por la insuficiencia de sus haberes para afrontar el costo de la vida" y remarcaron: "La violencia nunca es la respuesta ante el ejercicio del derecho a reclamar que reconoce nuestra Constitución. Pero esa violencia es mucho más grave cuando se ejerce contra quienes reclaman por una injusticia grave, como la de reducir los haberes jubilatorios de nuestros mayores".
Para cerrar el texto, pidieron suspender "toda forma de represión sobre quienes se movilizan y reúnen pidiendo justicia, permitiendo el libre ejercicio del derecho a reclamar" y reiteraron que la mejor forma de encontrar una solución al conflicto es el diálogo.
Finalmente, citaron al papa Francisco, quien dijo: “Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad”.
