El Gobierno se prepara para enfrentar dos días consecutivos de protestas en la ciudad de Buenos Aires, cuando en el Congreso se traten el veto presidencial al aumento de las jubilaciones y el proyecto de financiamiento educativo, entre otros asuntos.
Las manifestaciones, que ya fueron anunciadas por diferentes organizaciones gremiales, de izquierda, estudiantiles y políticas, para ambas jornadas, pondrá nuevamente a prueba el protocolo antipiquetes diseñado por el Ministerio de Seguridad.
De hecho, la cartera conducida por Patricia Bullrich trabajó a lo largo de todo el martes en los operativos policiales que se llevarán adelante durante las sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, con el objetivo de evitar que se corte la calle y tratar de garantizar la libre circulación del tránsito en la zona parlamentaria.
En la Casa Rosada, las autoridades nacionales reconocieron que para el miércoles y el jueves esperan “movilizaciones que seguramente serán grandes”, aunque se mostraron despreocupadas al respecto y ratificaron sus posiciones sobre los temas que se van a discutir.
El miércoles, en Diputados, la oposición dura intentará impulsar el rechazo al veto del presidente Javier Milei que anuló los cambios que el mismo Congreso aprobó sobre las jubilaciones, para lo cual necesitará reunir al menos dos tercios de los legisladores.
Para ese día, movimientos sociales y algunos sectores del sindicalismo, como el Frente Sindical, la Corriente Federal y las dos CTA, además de partidos de izquierda, marcharán a la sede parlamentaria para expresar también su repudio a la decisión del mandatario.
Tal como anticipó este medio, incluso el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los principales referentes de la oposición, canceló una actividad que tenía prevista en Formosa para participar de la protesta.
Por otra parte, el jueves, en el Senado se discutirán varios asuntos sensibles, como el Decreto que aumentó los fondos reservados de la SIDE, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y el financiamiento universitario.
Con motivo del tratamiento del último de esos proyectos, la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocó a un “abrazo simbólico” al Congreso para esa misma jornada, a partir de las 13:30, para exigirles a los senadores que lo aprueben.
“Participarán estudiantes de la UBA, como también de distintas universidades del interior del país. La Ley garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio, como también la recomposición salarial de docentes y no docentes, acorde a la inflación, para recuperar la pérdida de más del 50% del poder adquisitivo que han tenido durante este año”, explicó la entidad en un comunicado.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la iniciativa no cumple con las condiciones legales, ya que no especifica de dónde saldrán los fondos necesarios para hacer frente al gasto que demandará una medida de ese estilo y que no está contemplado en el Presupuesto de este año.
Por esta razón, las autoridades nacionales ya advirtieron que, si finalmente el Congreso sanciona esta ley, el Presidente la vetará, de la misma forma que hizo con el aumento a las jubilaciones, para que no se vea afectado el superávit fiscal conseguido en el último tiempo.
En cuanto a los fondos de la SIDE, en el círculo más íntimo del jefe de Estado señalan que todavía no está definida una acción en particular en caso de que el Senado también vote en contra del Decreto, como ya lo hizo Diputados.
Si esto ocurre, será el primer DNU en la historia argentina en ser rechazado totalmente y, por ende, dejaría de estar vigente, pero en Balcarce 50 todavía estaban analizando si eso implicaría que el organismo de inteligencia deba devolver el dinero que ya fue devengado: “No está tan claro eso, no es blanco o negro, es confuso. Estamos viendo qué pasaría y qué hacer en cada caso”, señalaron.
