El juez federal Federico Villena ordenó este lunes frenar la salida del país de los iraníes que viajaban en el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza, y pidió un informe sobre la aeronave.
La decisión del magistrado llegó luego de que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó como querellante en la causa que pide investigar la situación generada por la aeronave de carga retenida en el aeropuerto. Ahora quien debe decidir si se inicia o no una investigación es la fiscal Cecilia Incardona.
Según Clarín, el juez Villena aceptó dar curso a las medidas solicitadas por la institución judía aún antes de la intervención de la fiscal, "en virtud de la gravedad de las circunstancias expuestas".
Por ese motivo, se pidió este lunes a la titular de la Dirección Nacional de Migraciones "que mantenga retenidos a la orden de este Tribunal los pasaportes de los ciudadanos iraníes Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh; y Abdolbaset Mohammadi, por el término de 72 horas".
En la misma resolución, el juez solicitó al Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, comisionado mayor Maximiliano Lencina, que, "se informe cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave matrícula venezolana YV3531 Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur, la cual se encontraría en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini".
En el Boeing viajaban catorce tripulantes venezolanos y cinco iraníes.
Los iraníes llegaron a la Argentina el 6 de junio desde México y aterrizaron en Córdoba. Más tarde fueron a Buenos Aires. El 8 de junio el avión intentó volar a Uruguay pero le denegaron el aterrizaje, y tras volar en círculos sobre el Río de La Plata volvió a Ezeiza.
La empresa Emtrasur, con sede en Caracas, registró el avión como parte de su flota el 23 de enero pasado. Pero antes, durante 15 años, el Boeing 747 operó para la compañía iraní Mahan Air.
Sobre el derrotero y datos de la aeronave bajo sospecha, la DAIA y la AMIA exigieron "información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por el país".
Cuando requirieron ser querellantes en forma conjunta, las instituciones de la colectividad judía plantearon que "al dejar entrar a este avión se puso en riesgo no solo la seguridad de todo nuestro país, sino de América del Sur. Dejar ir a los tripulantes sin haberlos indagado al respecto sería una oportunidad perdida de poder ayudar a combatir el terrorismo internacional".
En su denuncia, la DAIA señaló que "Los ciudadanos originarios de Irán tendrían vínculos con las fuerzas Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, declarada como grupo terrorista por los Estados Unidos".
Los denunciantes recordaron los atentados del 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, "que aún permanecen impunes, fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán".
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que organismos extranjeros alertaron que parte de los tripulantes del avión venezolano-iraní retenido en el aeropuerto de Ezeiza son de la "Guardia Revolucionaria de Irán". Además, dijo que "con posterioridad al ingreso se reciben, por distintos canales, información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Fuerza Quds".
"Esta Fuerza Quds se movieron con empresas designadas posteriormente como terroristas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos", detalló el funcionario.
LA CAUSA PENAL
El juez Villena entendió que debía constituirse un expediente penal atento a "los episodios que surgen tanto de la documentación aportada como del contenido del acta que antecede" y sostuvo en su resolución que "no puede descartarse la eventual comisión de un delito de acción pública que amerite la intervención de esta justicia de excepción los cuales requieren de un urgente esclarecimiento".
En función de ese criterio, el magistrado indicó que "en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, es que habré de ordenar la extracción de testimonios y formación de una nueva causa".
