Héctor Vicentin, accionista e hijo de uno de los fundadores de la compañía agroexportadora Vicentin, rechazó el proyecto impulsado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Es una expropiación light”, analizó el empresario en diálogo con Fabián Doman en radio La Red. Y afirmó: ”¿Cómo podría llegar a funcionar una empresa mixta? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar hace muchos años de una forma distinta, solucionando nuestros problemas. Creemos que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar y solucionar sus problemas en el ámbito privado”. El gobernador de Santa Fe le presentó el viernes un plan al Presidente que contempla la conformación de una compañía mixta en virtud de las deudas que la empresa mantiene con el Banco Nación.
Si bien pareciera ser una alternativa más moderada con respecto al proyecto inicial del gobierno, para los dueños de firma no hay muchas diferencias. Consideran que en términos prácticos significa perder el control del holding y el desplazamiento de los actuales directores. Fernández se reunió anoche con el interventor Gabriel Delgado. La Casa Rosada dejó trascender que la idea de la expropiación fue archivada. Sin embargo, el sábado en un reportaje, jefe de Estado dejó flotando en el aire una postura más dura: “O aceptan la propuesta de Perotti o expropiamos”. El juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, redujo a los interventores estatales al rol de veedores.
El Poder Ejecutivo exige que se revierta esta decisión para comenzar a implementar el proyecto impulsado por el gobernador santafesino. “Nosotros sabemos que tenemos problemas, pero hay alternativas a una expropiación, a una intervención y a una empresa mixta. Hay que sentarse a dialogar y nos tienen que dejar trabajar e invertir, que es lo que sabemos hacer”, aseguró Héctor Vicentin. El ejecutivo, hijo de Roberto Vicentin, rechazó además las denuncias por lavado de dinero y por contrabando que surgieron en las últimas horas en medio de la discusiones con el Poder Ejecutivo. Dijo además que tienen la intención de saldar la deuda que mantienen con el Banco Nación por una línea a la que accedieron durante el gobierno de Mauricio Macri pero en el marco del concurso de acreedores.
En la misma línea se manifestó Máximo Padoan, director ejecutivo de la empresa: “Seguimos siendo los dueños de Vicentin y fuimos reinstaurados en el directorio por el juez concursal, después de ser desplazados por el DNU”. “Las soluciones nuevas que van apareciendo son cada vez peores. El plan Perotti es peor que la expropiación por una ley del Congreso, porque desplaza a los administradores que fueron elegidos en asamblea por unos interventores”. “Se les está quitando derecho a los accionistas. No hay nada concreto que dictamine que el organismo tiene que estar intervenido. El juez lo ha dicho así”, amplió el empresario a radio Rivadavia, y agregó: “No tenemos ningún hecho de corrupción comprobado. No tenemos nada que ocultar, no hay maniobra de triangulación, no hay ningún delito”.
El sábado por la tarde hubo una masiva movilización en todo el país en contra del avance del Estado sobre la propiedad privada. Alberto Fernández anunció la intervención y expropiación de Vicentin. Dijo que la idea fue motorizada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, que responde a Cristina Kirchner, para rescatar una de las principales agroexportadoras de la Argentina. La iniciativa generó un fuerte rechazo empresarios y de parte de la sociedad, que se manifestó con cacerolazos y un masivo banderazo en todo el país. Héctor Vicentin informó este lunes que nunca dejaron de pagar los salarios y que le preocupa el futuro de los puestos de trabajo en caso de que se concrete el ingreso estatal.
El jefe de Estado dijo en varias entrevistas que no es necio y que está dispuesto a escuchar una idea superadora. Esa idea -según analizan en la Casa Rosada- es un proyecto presentado por Perotti que avala el ingreso del Estado en la empresa pero evita el camino de la expropiación. Mientras tanto, la empresa trabaja a media máquina, con un panorama incierto y un conjunto de acreedores –bancos nacionales e internacionales, cooperativas, acopios y productores individuales– que le reclaman deudas cercanas a los 100.000 millones de pesos.
Uno de ellos es el propio gobierno, a través de una deuda con el Banco Nación por unos $18.000 millones. Además, avanza una denuncia penal radicada en Comodoro Py, en el juzgado de Julián Ercolini, contra más de una veintena de funcionarios y ex funcionarios del Nación y las “cabezas mayores” a las que apunta: su ex presidente, Javier González Fraga, el ex titular del BCRA, Guido Sandleris, y el ex presidente Mauricio Macri, por presuntas operaciones de lavado de dinero de la empresa y favoritismo político del gobierno en la concesión de crédito.
