Desde el 1 de marzo, el día que se puso en marcha el ciclo lectivo, solo se contagió el 1,6% de los alumnos y el 6,7% de los docentes que asistieron a clases presenciales en todo el país. Los datos oficiales, que se desprenden del último informe del Ministerio de Educación, refuerzan el reclamo de las familias por mayor flexibilización del protocolo escolar, en particular en la definición de “caso sospechoso”.
El informe publicado en las últimas horas por el Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas, creado en la órbita de la cartera educativa nacional, hace un corte al 28 de agosto. Refleja que las escuelas solo registraron en la plataforma 157.078 contagios, sumando los 90.919 casos positivos de los estudiantes, los 57.325 confirmados de docentes y las 8.834 infecciones de los auxiliares.
Las fuentes oficiales aclaran que no necesariamente esos contagios se produjeron dentro del ámbito escolar, que incluso la mayoría se habría generado fuera. “No hay un único factor que explique la baja incidencia de contagios en las escuelas. Hay tres elementos principales: el primero es la realidad epidemiológica de base que hace posible la presencialidad y fue cambiando a lo largo de la pandemia.
Hoy tenemos un escenario positivo por delante. Después el cumplimiento de los protocolos. La escuela se convirtió en el lugar de mayor acatamiento según las propias familias. Y, por último, el avance en la vacunación de nuestros docentes”, explicó a Infobae Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional.
El personal educativo integró los grupos priorizados para recibir la vacuna. Por eso tienen una cobertura muy superior a la media nacional. El 91% de los docentes recibió al menos una dosis y el 54% ya completó su esquema, contra el 62 y el 37 por ciento respectivamente de la población total.
Desde marzo, Argentina atravesó un ciclo lectivo irregular. Un comienzo generalizado con asistencia alternada en todo el país, con varias semanas de interrupciones de la presencialidad por la segunda ola de contagios y recién ahora un avance hacia la concurrencia plena en distintas provincias a partir de la reducción del distanciamiento en las aulas.
Pese a ello, según el informe, hay 7 departamentos que siguen sin clases presenciales. 5 de ellos se concentran en Formosa, que mantiene a más de la mitad de sus escuelas cerradas. Las otras dos localidades son de Santa Cruz y La Rioja.
María Victoria Baratta, cofundadora de Padres Organizados y autora de No esenciales. La infancia sacrificada, planteó: “El nivel de contagios sigue siendo muy bajo. Va en línea con la evidencia en el mundo, pero el informe debería ser más detallado sobre cuánta presencialidad hay efectivamente. Faltan datos de los días que se perdieron y los que se siguen perdiendo aun en los lugares donde hay presencialidad.
Las brechas siguen agrandándose y de eso se habla poco. Pareciera que todas las escuelas están abiertas y no siempre es así. Falta saber cuántas veces por semana van los chicos, en qué porcentaje, si asisten todos los días”.
Del mismo modo, señaló una demora en el regreso a las aulas: “Hubo una demora en intensificar la presencialidad, que se terminó haciendo por una cuestión electoral. Las encuestas hicieron abrir las escuelas porque el Gobierno había endurecido su discurso durante la segunda ola”.
Al contrario, en el gobierno nacional cree que desandaron el camino correcto en la apertura educativa. Trotta recordó que el primer protocolo, aprobado el 2 de julio de 2020, solo permitía la presencialidad en distritos de “nula o muy baja circulación del virus”. Esa definición cambió cuando se aprobó el semáforo epidemiológico, que sumó la tasa de incidencia de contagios y la ocupación de camas como parámetros.
Hoy, por la vacunación, la única variable que se tiene en cuenta son las hospitalizaciones.
En las últimas semanas, después de que se anunciara una vuelta gradual a la presencialidad plena, otro reclamo se multiplicó en los redes sociales y los grupos de padres: que se modifique la definición de caso sospechoso. Ante un síntoma vinculado al coronavirus, ya sea de un alumno o de un docente, el protocolo escolar exige que se aísle al curso completo hasta el hisopado. Eso genera que las burbujas se “pinchen” con regularidad.
“Los chicos siguen cumpliendo protocolos más estrictos que los adultos. En la escuela se cumplen protocolos que no rigen en ningún lado. Eso ya es un problema ético”, consideró Baratta. “El criterio de caso sospechoso no se aplica en ninguna actividad más allá de las escuelas. Genera que ante el mínimo síntoma, ya sea de virus estacionales o alergias, se cierren burbujas todo el tiempo”, agregó.
En el Palacio Sarmiento, si bien admiten que puede existir un subregistro de casos sospechosos, piensan que no es cierto que las burbujas se rompan tan frecuentemente. De igual modo, no le cierran la puerta a una eventual ajuste del protocolo. “Hay que ser muy cuidadosos porque muchos casos de chicos son asintomáticos, pero no quiere decir que no contagien.
Si hay una necesidad de modificar el protocolo, escucharemos a las referencias epidemiológicas como lo venimos haciendo”, dijo Trotta.
